
La historia de Yoan Aguiar Fernández y su familia terminó convirtiéndose en un caso judicial con consecuencias para los migrantes cubanos que recibieron formularios I-220A al ingresar a Estados Unidos.
El Undécimo Circuito de Apelaciones rechazó su reclamación y estableció un criterio desfavorable para quienes pretenden utilizar ese documento como un parole con el fin de obtener la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Detrás de la disputa legal hay una familia que abandonó Cuba después de varios episodios de enfrentamientos con las autoridades. Según el periodista Mario J. Pentón, el recorrido comenzó con una misión gubernamental en Venezuela, continuó con un conflicto con un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria y terminó en la frontera estadounidense.
⚖️ Una familia cubana con I-220A perdió su apelación. Esta es la historia detrás del fallo.
Yoan Aguiar-Fernández contó que trabajó para el Gobierno cubano en una misión en Venezuela entre 2010 y 2013. Según su testimonio, quiso abandonar esa misión después de que le pidieran convencer a venezolanos de votar por el Gobierno. Al regresar a Cuba, le confiscaron el pasaporte de misión, pero no fue arrestado ni interrogado y siguió trabajando para la misma entidad estatal.
Después abrió un taller de reparación de autos. Dijo que un capitán de la policía cubana lo amenazó y golpeó con una porra durante una disputa por la reparación del vehículo del oficial. Un informe médico registró moretones y rasguños. Sin embargo, según el expediente, Yoan no fue arrestado por el incidente y permaneció en Cuba otros dos años sin nuevos problemas con la policía. La familia obtuvo pasaportes y salió hacia México en 2018.
En junio de 2021 cruzaron la frontera cerca de San Luis, Arizona. La Patrulla Fronteriza los detuvo brevemente y luego los liberó con formularios I-220A. La familia pidió residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano y también solicitó asilo y otras protecciones.
El punto decisivo fue el significado del I-220A. El Undécimo Circuito dijo que la familia había sido liberada bajo una modalidad condicional mientras seguía su proceso migratorio. Eso no equivale al parole humanitario que la Ley de Ajuste Cubano exige para esta vía de residencia. El tribunal también rechazó sus solicitudes de asilo: aunque aceptó como creíble el testimonio de Yoan, concluyó que las pruebas no cumplían el estándar legal para demostrar persecución política o un riesgo suficiente de tortura.
El fallo deja en pie la orden de remoción dictada en este caso. *No ordena deportar automáticamente a todos los cubanos con I-220A.* Sí crea un obstáculo importante para quienes, dentro del Undécimo Circuito, se apoyan en una liberación bajo la sección 1226 como único fundamento para cumplir el requisito de parole de la Ley de Ajuste Cubano.
— Mario J. Pentón (@MarioJPenton) November 18, 2026
Yoan trabajó para el gobierno cubano durante una misión en Venezuela entre 2010 y 2013. Su salida de ese programa estuvo relacionada cuando le exigieron que convenciera a venezolanos de votar a favor del chavismo.
Ante esa situación, manifestó su intención de abandonar la misión y regresar a la Isla. Sin embargo, su regreso tampoco estuvo exento de problemas. Las autoridades cubanas le confiscaron el pasaporte utilizado durante la misión, aunque no fue detenido ni interrogado. Además, continuó trabajando para la misma entidad estatal.
Posteriormente, decidió abrir un taller de reparación de automóviles. Fue durante esa actividad cuando ocurrió el incidente que después formaría parte de su solicitud de protección migratoria en EEUU.
De acuerdo con su declaración, un capitán de la policía cubana lo amenazó y golpeó con una porra durante una disputa relacionada con la reparación del vehículo del oficial.
Un informe médico incorporado al expediente registró moretones y rasguños compatibles con las lesiones descritas por el cubano. No obstante, el incidente no terminó con su arresto ni con un proceso penal en su contra.
El expediente también recoge que Yoan permaneció en Cuba aproximadamente dos años después de ese enfrentamiento sin nuevos problemas con la policía. Durante ese período, la familia consiguió pasaportes y preparó su salida del país.
En 2018 abandonaron Cuba rumbo a México, donde permanecieron hasta que ingresaron a EEUU en junio de 2021. La familia cruzó la frontera cerca de San Luis, Arizona. Agentes de la Patrulla Fronteriza los detuvieron y posteriormente los dejaron en libertad mediante formularios I-220A.
Con ese documento, los inmigrantes quedaron sujetos a determinadas condiciones mientras continuaba su procedimiento migratorio. La familia solicitó después la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano y también presentó solicitudes de asilo y otras protecciones contra la deportación.
El principal obstáculo apareció al determinar si la liberación mediante el I-220A cumplía el requisito de parole establecido por la legislación para acceder a la residencia mediante esa vía.
El Undécimo Circuito concluyó que la familia había sido liberada bajo una modalidad de libertad condicional durante el procedimiento migratorio, conforme a la sección 1226 de la legislación estadounidense.
Los jueces determinaron que esa forma de liberación no equivale al parole migratorio que exige la Ley de Ajuste Cubano. Por tanto, el formulario I-220A, por sí solo, no permitía acreditar ese requisito para obtener la residencia permanente.
La decisión también rechazó las solicitudes de asilo y otras protecciones. Aunque el tribunal consideró creíble el testimonio de Yoan sobre los acontecimientos en Cuba, concluyó que las pruebas presentadas no alcanzaban el estándar legal necesario para demostrar persecución por motivos políticos o un riesgo suficiente de tortura.
Como resultado, quedó vigente la orden de remoción dictada contra la familia. El alcance del fallo es especialmente relevante para los cubanos con I-220A, porque dificulta utilizar ese documento como fundamento para solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
El Undécimo Circuito convierte este criterio en un precedente vinculante para los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama. Sin embargo, la sentencia no significa que todos los cubanos que recibieron un I-220A tengan una orden automática de deportación. Su alcance está relacionado con la interpretación jurídica del documento y las circunstancias del caso.
