La administración de Donald Trump intensificó en los últimos días su presión contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), mediante una campaña para identificar empresas, funcionarios e inversiones vinculadas a la estructura económica militar de la Isla.
Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, lanzó un llamado a través de la red social X para recopilar información sobre compañías utilizadas presuntamente para evadir sanciones y sobre personas relacionadas con GAESA.
¿Conoce alguna empresa que se utilice para eludir las sanciones? ¿O algún funcionario o inversión vinculados a GAESA? ¡Comparta lo que sabe! Ayude a sacar a la luz las redes que enriquecen al régimen represivo a costa del pueblo cubano. pic.twitter.com/XYLkKvoKWM
— Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) September 1, 2026
“¿Conoces empresas utilizadas para evadir sanciones? ¿O funcionarios o inversiones vinculados a GAESA? ¡Comparte lo que sabes!”, escribió el funcionario estadounidense, quien aseguró que el objetivo es exponer redes que benefician al régimen cubano mientras limitan las oportunidades económicas de la población.
GAESA permanece en el centro de la política de sanciones de EEUU
Durante los últimos meses, el conglomerado militar se convirtió en uno de los principales objetivos de la política estadounidense hacia Cuba. En mayo, Washington anunció medidas contra GAESA y Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del grupo empresarial. Posteriormente, las sanciones se ampliaron hacia entidades relacionadas con la estructura financiera del conglomerado.
Entre ellas estuvieron BFI y RAFIN S.A., instituciones vinculadas al sistema económico de la Isla cuya inclusión en la lista de sancionados aumentó la presión sobre bancos y empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con entidades castristas.
El impacto de estas medidas no se limita al territorio estadounidense. La advertencia de funcionarios norteamericanos a bancos internacionales busca provocar que compañías extranjeras evalúen los riesgos de continuar operando con entidades sancionadas.
Esta estrategia puede dificultar el acceso de empresas cubanas al sistema financiero internacional, incluso cuando no tengan operaciones directas dentro del territorio estadounidense.
El pasado 6 de agosto, EEUU anunció medidas contra cinco entidades y ocho personas acusadas de participar en la adquisición de equipamiento militar destinado al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros organismos de seguridad.
Las sanciones fueron aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, un marco utilizado por la administración Trump para ampliar las herramientas contra estructuras económicas y militares relacionadas con el gobierno cubano.
Además, en julio, el Departamento de Estado sancionó diez entidades relacionadas con sectores como turismo, comercio exterior, transporte marítimo y organismos señalados por Washington de apoyar al aparato represivo.
La ofensiva recibió respaldo político del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde legisladores republicanos advirtieron que quienes hayan participado en la represión contra los cubanos enfrentarán consecuencias.
Mientras La Habana mantiene que las sanciones estadounidenses afectan a la población de la Isla, Washington sostiene que su estrategia busca limitar los recursos de las estructuras militares y económicas que considera responsables de sostener al régimen cubano.
