El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reveló que 2024 cerró con 8.443 protestas y denuncias, un aumento del 31% respecto a las 5.749 de 2023. Este crecimiento refleja el hartazgo de los cubanos frente a una élite de poder calificada por muchos como ineficiente y despiadada.
La institución reportó 760 protestas en diciembre de 2024, una ligera disminución del 4.05% respecto a noviembre, cuando se registraron 792. La población mantuvo una postura desafiante frente a la represión y la ineficiencia del gobierno, con casi 150 manifestaciones catalogadas como desafíos directos al Estado policial.
Estas acciones consideradas de alto riesgo (149) superaron al resto de las categorías monitorizadas, reflejando un nivel de descontento comparable al mes anterior, cuando se documentaron 159. A diferencia de noviembre, marcado por protestas presenciales a raíz de apagones, diciembre estuvo dominado por denuncias en redes sociales.
Según el OCC, los cubanos están cada vez más conscientes de que no habrá mejoras sin un cambio de gobierno y sistema. La académica disidente Alina Bárbara López destacó en redes sociales que el régimen solo construye hoteles vacíos y llena las cárceles, sin ofrecer reformas ni esperanzas.
Las denuncias relacionadas con alimentación, inflación y agricultura fueron la segunda categoría con más registros (129). Entre los detonantes se encuentran la campaña gubernamental contra el sector privado, que ahuyentó a comerciantes, reduciendo la oferta de alimentos y elevando los precios. Además, el anuncio de la eliminación del subsidio a la canasta básica racionada generó temor en pensionados y trabajadores de bajos ingresos.
La crisis eléctrica se agravó, llevando a apagones de hasta 24 horas, lo que generó 122 protestas relacionadas con los servicios públicos. El tercer colapso total del sistema eléctrico nacional, junto con el segundo mayor déficit de generación en 2024, impactó gravemente en la vida cotidiana.
Inseguridad ciudadana y actos represivos acumularon 106 denuncias cada uno. A pesar de la campaña oficial contra el crimen, los cubanos siguen encerrándose temprano en sus hogares ante la ola de violencia. El OCC contabilizó 16 muertes violentas en diciembre, incluyendo a tres miembros de una familia asesinados brutalmente.
La represión gubernamental continúa extendiéndose a presos políticos y comunes, activistas, opositores y periodistas. En diciembre, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, preso político del 11J y nieto del poeta nacional Nicolás Guillén, murió bajo custodia en el Combinado del Este. Según su madre, fue víctima de una golpiza. Otros seis presos fallecieron en cárceles por hambre y enfermedades.
Las protestas también abordaron problemas sociales (82), como el aumento del consumo de drogas, el trabajo infantil y la indigencia de ancianos. La sociedad civil cubana ha intensificado sus redes de solidaridad para ayudar a los más vulnerables.
La salud pública fue otro foco de malestar con 35 denuncias. El brote de hepatitis A, vinculado a ríos de aguas albañales y fosas desbordadas, puso en jaque al sistema sanitario. También se denunció la crisis de los consultorios de la familia y la falta de atención a pacientes con enfermedades graves.
En el sector de la vivienda, 31 protestas denunciaron el alto costo de construcción, el abandono de damnificados por huracanes y la proliferación de barrios marginales. La precariedad de las viviendas en zonas sísmicas del oriente del país también generó preocupación.
Diana María Esplugas, madre del fallecido Guillén Esplugas, desmintió la versión oficial de que su hijo se había suicidado: “Lo mataron a golpes. Fue una muerte horrible”, declaró.
El incremento de las protestas sugiere que los cubanos ya no creen en las promesas del gobierno. La represión y la crisis múltiple alimentan un círculo de inconformidad que no parece tener fin, mientras la población busca nuevas formas de expresar su descontento.
