La disputa legal por la Ley de Nietos en España podría afectar a otro grupo de ciudadanos de origen cubano. El partido Iustitia Europa solicitó este martes 27 de octubre al Tribunal Supremo nuevas restricciones electorales para los hijos adultos de beneficiarios de esa legislación, ante las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La petición busca revisar las inscripciones en el censo de residentes en el extranjero.
La iniciativa alcanza a quienes adquirieron la ciudadanía mediante el Anexo III de la Ley de Memoria Democrática. Según el comunicado oficial de Iustitia Europa, hasta julio se habían formalizado 189.678 nacionalizaciones por ese procedimiento. En agosto, el registro ascendió a 195.872, con otras 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción.
La organización pretende que las papeletas de los posibles afectados se reciban por separado y permanezcan sin contabilizar hasta comprobar sus expedientes. También contempla limitar la suspensión a los descendientes cuyos padres estén incluidos en las restricciones anteriores.
El Supremo todavía no ha autorizado esta ampliación. Corresponde a los magistrados estudiar la solicitud y determinar si procede intervenir sobre esos electores.
¿Cuáles son las consecuencias para los cubanos nacionalizados?
La Habana figura entre las oficinas consulares con elevada demanda de ciudadanía española. Durante 2025 recibió más de 107.000 solicitudes y, desde octubre de 2022, unos 350.000 cubanos habrían iniciado gestiones para acogerse a la normativa, según las cifras recogidas en los reportes sobre el proceso.
Sin embargo, las estadísticas disponibles no permiten precisar cuántos nacionales de Cuba obtuvieron sus documentos mediante el Anexo III. Tampoco todos los beneficiarios integran el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), requisito indispensable para participar desde el exterior.
La organización Hazte Oír también reclamó que se investigue a este colectivo. Por su parte, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, cuestionó la falta de claridad sobre los registros electorales.
“A menos de un mes de las elecciones, seguimos sin saber con certeza con qué censo vamos a votar. Es inadmisible y extremadamente grave”, declaró.
El Tribunal Supremo mantiene restricciones para 163.020 personas
La controversia comenzó por una instrucción administrativa de 2022 relacionada con el reconocimiento de descendientes de españoles exiliados entre 1936 y 1955.
Como consecuencia de los recursos presentados, el Supremo suspendió cautelarmente determinados derechos electorales. El 12 de octubre ratificó las restricciones, que alcanzan potencialmente a 163.020 personas.
Las autoridades españolas deben identificar a los afectados mediante una revisión documental. Hasta el 21 de octubre, los consulados habían examinado 31.390 expedientes y expedido apenas 91 certificados que acreditaban la condición de exiliado.
El Gobierno enfrenta además un plazo judicial para entregar la información, con posibles sanciones económicas de 1.000 euros por incumplimiento.
Las restricciones afectan al sufragio, no implican la retirada automática de la nacionalidad ni del pasaporte español. Los beneficiarios del Anexo III deberán conocer la próxima decisión judicial para determinar si podrán participar en los comicios.
