El Gobierno de Pedro Sánchez abrirá entre el 1 de abril y el 30 de junio un proceso extraordinario de regularización que puede beneficiar a más de medio millón de migrantes en una situación irregular en España.
Las solicitudes podrán presentarse en ventanillas específicas habilitadas en oficinas de Correos y de la Seguridad Social. El Ejecutivo se ha fijado un plazo de tres meses para resolver cada expediente.
La medida está dirigida a extranjeros que ya se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que, al momento de solicitarla, puedan acreditar al menos cinco meses continuados de residencia en el país.
Entre los requisitos también figuran la ausencia de antecedentes penales relevantes y el cumplimiento de condiciones de seguridad jurídica previstas en el Real Decreto impulsado por el gobierno. El Consejo de Ministros dio luz verde al inicio de esta tramitación el 27 de enero.
El Ejecutivo justifica la regularización por razones económicas y demográficas. La incorporación de esta población al mercado formal reforzaría la Seguridad Social, aumentaría la recaudación fiscal y aliviaría la presión sobre el sistema de pensiones en un país marcado por el envejecimiento de la población.
El argumento no es nuevo: expertos y patronales de sectores con alta presencia de mano de obra extranjera sostienen que aflorar empleo hoy sumergido tendría un efecto positivo en cotizaciones e ingresos públicos.
El principal riesgo está en la capacidad administrativa. Las oficinas de extranjería ya arrastran retrasos de meses, y el Defensor del Pueblo ha advertido de demoras “generalizadas” y de disparidad de criterios pese a los refuerzos aplicados.
El sindicato CSIF reclamó esta semana más personal en todos los niveles implicados en el proceso, al alertar de que el volumen de solicitudes podría situarse entre medio millón y un millón.
Las cifras disponibles muestran la dimensión del fenómeno. Se estima que, al 1 de enero de 2025, había unas 840.000 personas en situación administrativa irregular en España, equivalentes al 17,2% de la población extranjera no comunitaria; el 91% procedía del continente americano.
No existe un desglose público específico sobre cuántos cubanos están dentro de ese grupo, pero Diario de Cuba, a partir de datos provisionales de la Estadística Continua de Población y del cierre oficial de 2024, calculó que la comunidad cubana en España ronda ya las 287.490 personas.
La decisión recuerda a la regularización masiva de 2005, impulsada por el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió aflorar más de 500.000 altas en la Seguridad Social.
Como entonces, el Gobierno ha optado por la vía del decreto, sin pasar por las Cortes. Organizaciones de migrantes y entidades sociales han celebrado la medida como una cuestión de justicia social y de reconocimiento de derechos para personas que ya viven y trabajan en España.
