Una madre cubana, con dos hijos menores, se niega a abandonar una lujosa vivienda con piscinas y jardines, ubicada en una exclusiva urbanización de Calvi Calvià, Mallorca, mientras los propietarios enfrentan una compleja situación legal para recuperar la casa, informó Ok Diario.
Todo comenzó cuando la mujer firmó un contrato de alquiler gestionado por una inmobiliaria, a nombre de un ciudadano extranjero que abonó varios meses por adelantado. La situación parecía transcurrir sin contratiempos, pero tras la ruptura de la pareja, el titular del contrato se desvinculó por completo del inmueble.
La mujer y sus hijos se quedaron en la vivienda, pero sin realizar más pagos de renta a los propietarios, quienes ahora enfrentan pérdidas económicas al tener la obligación de cubrir gastos de suministros, mantenimiento y cuotas comunitarias por el uso de la vivienda en el exclusivo barrio.
Los dueños aseguran haber recibido mensajes intimidatorios y denuncian que la convivencia en la urbanización se ha visto gravemente afectada. Vecinos que antes disfrutaban de la tranquilidad de la zona ahora se encuentran lidiando con patrullas policiales, discusiones constantes y un ambiente de tensión.
La comunidad ha presentado quejas formales y ha solicitado una solución que devuelva la normalidad al barrio. Sin embargo, las respuestas institucionales siguen siendo lentas, lo que refuerza la sensación de impotencia colectiva.
Los procesos judiciales para recuperar una propiedad ocupada pueden alargarse durante meses o incluso años, especialmente cuando hay menores involucrados. La legislación prioriza la protección social, pero esto puede traducirse en largas esperas para los propietarios que buscan recuperar lo que legítimamente les pertenece.
Familia cubana enfrenta problemas para recuperar una propiedad en España
En diciembre pasado, se informó del caso de un matrimonio cubano que podría perder una de sus dos propiedades en Madrid, conseguidas tras 22 años de esfuerzo y con el fin de heredar una de ellas a su única hija.
Según el asesor inmobiliario Jorge Danés, la familia llegó a España cuando su hija era pequeña y, durante todo este tiempo, vivió de manera austera, sin lujos ni viajes. Su objetivo era ahorrar lo suficiente para poder crear un patrimonio que sirviera de respaldo económico para ella cuando creciera.
Con ese enfoque, compraron un piso en Madrid y otro en Aranjuez, pensando que uno de ellos sería el futuro hogar de su hija. Mientras ella estudiaba, decidieron alquilar uno de los inmuebles a un matrimonio extranjero, lo que parecía ser una fuente de ingresos estable a largo plazo.
Durante los seis años en los que estuvo arrendado, los inquilinos pagaban 550 euros mensuales, una cifra que no se ajustó a pesar del aumento de los precios en el mercado y del coste de vida en la capital. La situación se complicó cuando la hija de la pareja anunció su boda y expresó su deseo de mudarse a la propiedad.
Los inquilinos se negaron a entregar la vivienda y, con el respaldo de un abogado, consiguieron paralizar el proceso de desalojo alegando vulnerabilidad. Esto ha dejado a la familia atrapada en un largo y agotador proceso judicial con serias consecuencias económicas y emocionales.
Ante la falta de soluciones, los propietarios consideran vender el piso por debajo de su valor para evitar más costes y prolongar el conflicto. Mientras tanto, la hija busca alternativas habitacionales en un contexto creciente de malestar por el fenómeno de los “ocupas” en España, que deja a muchos propietarios vulnerables ante la ocupación ilegal.
