Daniel Núñez, un venezolano de 28 años deportado desde Estados Unidos, murió al derrumbarse el hotel El Santuario, en el estado La Guaira, donde las autoridades alojaron a 146 repatriados del programa gubernamental “Vuelve a la Patria”.
Su madre, Oswadeliz Núñez, relató a Telemundo lo ocurrido mientras cuestionaba algunos aspectos de su deportación, como el porqué permaneció incomunicado dentro del inmueble pese a no tener antecedentes penales.
El joven había entrado a EEUU por la frontera en 2022. Durante su estancia trabajó como conductor privado, repartidor y obrero de la construcción. Según sus familiares, pagaba impuestos, alquilaba un apartamento a su nombre y buscaba establecerse legalmente.
Daniel tenía una infracción menor por conducir sin licencia. Su madre aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo citó a una audiencia, pero él nunca recibió la notificación. Agentes migratorios lo detuvieron el 10 de mayo.
Pasó por cuatro centros de detención de ICE
Antes de ser enviado a Venezuela, permaneció en cuatro instalaciones migratorias. Las condiciones de su encierro terminaron por obligarlo a aceptar una salida voluntaria, de acuerdo con el relato familiar.
La familia tampoco recibió aviso de su traslado. Oswadeliz revisaba a diario el portal de ICE para conocer su ubicación. Supo que estaba en Venezuela cuando Daniel utilizó el teléfono de una empleada del hotel para llamarla.
“Cuando llegó, yo no sabía absolutamente nada de que mi hijo estaba en Venezuela, solo sabía que ya no salía en la búsqueda de ICE”, declaró.
De igual manera, aseguró que si su hijo no hubiera podido realizar una breve llamada de cuatro minutos, nunca se hubiera enterado de que fue deportado.
El hotel El Santuario se convirtió en una trampa
Las autoridades retiraron los celulares a los deportados y los mantuvieron dentro del edificio después de su llegada. Daniel comunicó que les habían proporcionado alimentos y realizado exámenes médicos.
Poco después, dos movimientos sísmicos provocaron el colapso del inmueble. Las familias sostienen que solo 32 de los 146 repatriados pudieron escapar por sus propios medios. Hasta el momento del testimonio, no existía un balance oficial que confirmara esas cifras.
Durante varios días, los allegados recibieron datos contradictorios. A Oswadeliz le aseguraron que su hijo había sido rescatado y llevado a un hospital. La familia recorrió centros médicos de Caracas sin encontrarlo.
Familia de deportado exige investigar responsabilidades
Cinco días después, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) convocó a la madre para identificar el cadáver. Daniel había muerto aplastado durante el derrumbe. El deterioro del cuerpo impidió reconocer su rostro, por lo que fue identificado mediante un tatuaje en el brazo izquierdo.
La familia también denunció cobros excesivos por la cremación. Algunas funerarias solicitaron hasta 1.500 dólares por un servicio que, según Oswadeliz, costaba alrededor de 250. Finalmente pagaron 680 dólares.
Por último, la mujer denunció que en el hotel podía haber más de 146 personas, pues eran dos vuelos de deportación los que se estaban albergando en el lugar y no uno, como se había reportado inicialmente.
“Son dos vuelos, el que llegó el lunes y el que llegó el miércoles”, agregó la mujer, quien explicó a otras personas que estaban en una situación similar a la suya que acudieran directamente al hotel para buscar a los cuerpos de sus seres queridos, pues era muy probable que las autoridades venezolanas no publicaran el verdadero listado de fallecidos encontrados entre los escombros.
