El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
La medida, amparada en una orden ejecutiva presidencial del 1 de mayo, busca asfixiar el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para frenar el enriquecimiento de la élite militar cubana.
Rubio confirmó que estas acciones son solo el inicio de una serie de presiones financieras. Según el secretario, el objetivo es desarticular un esquema de recaudación de divisas que no beneficia al pueblo cubano.
⚠️⚠️#Ahora. Marco Rubio se pronuncia tras las sanciones a GAESA y confirma que vendrán más.
“Es una sanción contra esta empresa que está ROBANDO al pueblo cubano en beneficio de UNOS POCOS!
Las impusimos ayer, y vamos a estar haciendo MÁS, por cierto.
Esta es una empresa… pic.twitter.com/nf6C3X2YLd
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) May 8, 2026
El funcionario enfatizó que la administración estadounidense mantendrá la vigilancia sobre los activos que el régimen gestiona fuera del presupuesto estatal oficial.
El gobierno estadounidense define a GAESA como un holding creado por generales para capturar ingresos estratégicos.
La administración sostiene que este conglomerado opera como un sistema cleptócrata que sustrae recursos al pueblo. Washington estima que la organización controla sectores vitales y genera miles de millones de dólares anuales de forma opaca.
Esta semana, Estados Unidos también sancionó a Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, designada tras la muerte del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.
Lastres Morera es considerada la pieza clave en la arquitectura financiera del ejército. Su inclusión en la lista de sancionados limita su capacidad de gestión en mercados internacionales y congela posibles activos bajo jurisdicción estadounidense.
El alcance de las sanciones incluye a Moa Nickel S.A., una entidad fundamental para la exportación de minerales. Con esta medida, Estados Unidos bloquea una de las fuentes primarias de divisas frescas para la isla.
El Departamento de Estado argumenta que la minería es un sector sensible que sostiene directamente la estructura represiva del Estado.
Informes de inteligencia señalan que GAESA domina al menos el 40% de la economía cubana. Su red abarca servicios financieros, turismo de lujo, remesas y logística. Rubio insistió en que esta “empresa privada” de los militares posee un flujo de caja superior al del propio gobierno civil de la isla.
La Casa Blanca busca impedir que el presupuesto militar siga creciendo a costa de la inversión en servicios básicos para la población.
El comunicado oficial subraya que “ni un centavo” de las operaciones de GAESA llega a los programas sociales del país. Esta brecha financiera es la principal justificación ética de las nuevas restricciones.
El endurecimiento de la política exterior responde a una estrategia de “asfixia selectiva”. Washington pretende separar las transacciones comerciales legítimas de aquellas controladas por el aparato de seguridad.
La meta final es forzar una transición mediante el corte de suministros financieros a los grupos de poder.
Desde La Habana, la respuesta oficial suele calificar estas acciones como parte del “bloqueo genocida”. No obstante, la administración Trump ha reiterado que las sanciones se dirigen específicamente a individuos y entidades militares, no al pueblo.
Finalmente, el Departamento de Estado aseguró que monitorea otras entidades subordinadas a las FAR para futuras designaciones. El mensaje de Washington es claro: cualquier estructura que alimente el patrimonio de la jerarquía militar será objeto de escrutinio.
