El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones de visa contra más de un centenar de funcionarios nicaragüenses, así como contra familiares y personas cercanas al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la muerte en prisión del líder indígena Brooklyn Rivera, considerado por Washington como un preso político del régimen.
El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que la medida forma parte de una nueva respuesta de la administración de Donald Trump contra la dictadura Ortega-Murillo, a la que responsabiliza por el deterioro de salud y posterior fallecimiento de Rivera mientras permanecía bajo custodia estatal.
The Murillo-Ortega dictatorship is an enemy of humanity. The Trump Administration will not ignore their crimes and brutality, including the dictatorship’s singular role in the death of political opposition leader Brooklyn Rivera. Today, @StateDept took steps to impose visa…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 8, 2026
“El gobierno de Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura Murillo-Ortega en la terrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, señaló Rubio, al anunciar las restricciones.
Rivera, histórico dirigente indígena miskito y exdiputado nicaragüense, fue encarcelado por las autoridades de Managua el 29 de septiembre de 2023. Su muerte fue confirmada por el régimen después de que fuera trasladado a un hospital de la capital, en medio de un grave deterioro de su estado de salud durante su detención.
Washington señaló de manera particular a Lumberto Campbell, miembro del Consejo Supremo Electoral y considerado un operador político cercano a la pareja gobernante, por su presunta participación directa en la denegación de asistencia médica al líder indígena.
Con este nuevo paquete de sanciones, EEUU mantiene restricciones de visa contra más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y familiares, a quienes atribuye un papel cómplice en la consolidación del aparato represivo del régimen. La diplomacia estadounidense aseguró que continuará acompañando al pueblo nicaragüense en sus demandas de libertad y democracia.
El caso de Brooklyn Rivera se suma a una larga lista de denuncias internacionales contra el gobierno de Ortega y Murillo, acusados por organizaciones de derechos humanos de perseguir opositores, encarcelar disidentes, cerrar medios independientes, cancelar organizaciones civiles y expulsar o despojar de su nacionalidad a críticos del poder.
Daniel Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua en 2007 y, desde entonces, ha desmontado progresivamente los contrapesos institucionales. Su esposa, Rosario Murillo, pasó de primera dama a vicepresidenta y luego fue elevada a la figura de copresidenta mediante una reforma constitucional aprobada por una Asamblea Nacional bajo control oficialista.
Esa reforma, impulsada a la medida de la pareja gobernante, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, reforzó el control del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado y formalizó un esquema de copresidencia que coloca a Ortega y Murillo en la cúspide del aparato estatal. Críticos del régimen consideran que la modificación constitucional consolidó un modelo dinástico y cerró aún más los espacios de alternancia política.
La comunidad internacional ha cuestionado especialmente el uso del sistema judicial y electoral como herramientas de control político. En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral ha sido señalado por excluir opositores, cancelar partidos y validar procesos electorales sin garantías democráticas.
Para Washington, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón de represión contra voces críticas, líderes territoriales y comunidades indígenas. El Departamento de Estado afirmó que las nuevas sanciones buscan imponer costos a quienes sostienen la estructura represiva del régimen.
Hasta el momento, Managua no ha ofrecido una respuesta detallada a las medidas anunciadas por EEUU. Sin embargo, el gobierno de Ortega y Murillo suele rechazar este tipo de sanciones y las presenta como una injerencia extranjera, pese a las reiteradas denuncias de organismos internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país.
