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Más de 140 personas procesadas en Cuba por extracción ilegal de oro

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Más de 140 personas procesadas en Cuba por extracción ilegal de oro

La fuente señala que desde principios de año, las acciones de los “inescrupulosos” han dejado un saldo de dos muertos y tres heridos graves

 

Extracción de oro ilegal en Cuba

Extracción de oro ilegal en Cuba. Foto tomada de Cubanet

 

Ante el aumento de la extracción ilegal de oro, las autoridades cubanas han comenzado un plan para contener y evitar estos tipos de delitos.

“En busca de una fortuna rápida, los mineros ilegales no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas”, explica hoy el diario oficialista Granma.

La fuente señala que desde principios de año, las acciones de los “inescrupulosos” han dejado un saldo de dos muertos y tres heridos graves, provocando además daños medioambientales en las zonas donde han desarrollado sus procesos mineros.

El artículo revela que a principios de año, en la zona oriental del país, “las excavaciones subterráneas de seis personas concluyeron con la muerte de dos, lesiones severas a tres y leves a una” debido a la inhalación del monóxido de carbono que producía un motor de combustión interna. Uno de los fallecidos contaba con siete advertencias previas por dedicarse a esa actividad.

“Tan pronto se emprendió la investigación del desagradable hecho, salió a flote la falta de conocimientos técnicos para ejecutar una labor que requiere de precauciones extremas”, continua la fuente.

Siendo así, y para que no sigan proliferando los extractores ilegales de oro, las autoridades cubanas han puesto en marcha un plan de acciones “para contener el fenómeno”, explicó Juan Miguel Morán, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial de la provincia de Holguín, citado por Granma.

En dicho plan participó la Policía cubana y el Cuerpo de Guardabosques, y según las cifras que aporta Granma, 210 personas fueron vinculadas a los hechos y de ellas 141 fueron procesadas por delitos como actividad económica ilícita, desobediencia, receptación y tráfico de metales. Además del decomiso de 700 instrumentos, siete vehículos de tracción animal y se destruyeron 103 “facilidades temporales” creadas en las áreas de extracción.

Por otro lado, Morán pidió la aplicación de medidas jurídicas más integrales porque “el minero es el último escalón de la cadena” y “es necesario descubrir a quienes organizan y financian la actividad”, entre ellos los fundidores, joyeros y traficantes que pretenden sacar el oro del país.

La investigación también se centra en vigilar que las sustancias químicas que se emplean en esta actividad ilegal -como mercurio y ácidos sulfúrico y nítrico- no sean desviadas desde empresas estatales.

Finalmente, y como consecuencia secundaria y no menos dolorosa se encuentran los daños medioambientales que provoca esta actividad, entre los que se encuentran el desnivelado de suelos, hoyos, deforestación, alteración de los cauces de los ríos y vertidos que afectan a la calidad del agua.

 

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