Al continuar las acusaciones ante un presunto fraude al Medicare por parte del gobierno cubano, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo en un programa de radio que el castrismo opera “todo un racket” en torno a equipos médicos duraderos.
El término “racket” empleado por el funcionario republicano no es menor. En la práctica jurídica estadounidense alude a una actividad ilegal organizada para obtener ganancias mediante fraude, coerción, lavado de dinero u otras conductas reiteradas.
“Existe toda una red que es dirigida por el gobierno cubano de equipos médicos duraderos, Encontramos un hotel que tenía 129 habitaciones y cada una de ellas era una empresa de equipos médicos duraderos”, agregó a su acusación.
El funcionario también mencionó que la mayoría de esos equipos se encuentra sin uso y solo tiene como principal objetivo provocar un robo al gobierno federal a través de dicho programa de asistencia de salud.
RFK Jr. says the Cuban government was tied to a massive healthcare fraud operation in South Florida.
“There’s an entire racket that is run by the Cuban government of durable medical equipment.”
“We found one hotel that had 129 rooms and every one of them was a durable medical… pic.twitter.com/zzKFSDpODx
— MAHA Action (@MAHA_Action) April 7, 2026
Previamente, el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, afirmó ante Fox News que en el sur de Florida existe un fraude “rampante” en el negocio de los equipos médicos duraderos y sugirió que el gobierno cubano “podría estar involucrado” en esa actividad.
Esos equipos son sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas y balones de oxígeno, así como prótesis para extremidades, férulas y soportes. Otros, también cubiertos por Medicare, son más costosos, como las máquinas para diálisis en el hogar, sillas de ruedas y otros vehículos motorizados, camas tipo hospital, salvaescaleras y bombas de insulina para diabéticos.
Los rackets suele ser perseguido bajo la Ley RICO, promulgada en 1970 para combatir al crimen organizado y luego ampliada a esquemas corporativos, redes de corrupción y grandes fraudes sanitarios.
Las declaraciones de Oz y Kennedy no surgieron en el vacío. Según una investigación de Martí Noticias, durante años las autoridades, periodistas y residentes del sur de Florida han seguido el crecimiento de redes de fraude vinculadas a inmigrantes cubanos en delitos económicos de alto rendimiento y bajo riesgo relativo.
La referencia central en ese historial es la serie de reportajes “Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline”, publicada en 2015 por el diario Sun Sentinel tras un año de investigación. Esa cobertura presentó el problema como una estructura persistente con epicentro en ciudades como Hialeah y otras zonas de Miami-Dade.
Según esa investigación periodística, los nacidos en Cuba representaban en 2015 menos del 1% de la población de Estados Unidos, pero acumulaban el 41% de los arrestos nacionales por fraude al sistema federal de apoyo a la salud.
En Miami-Dade, donde entonces eran el 24% de la población, sumaban el 73% de los arrestos por fraude al Medicare, además de porcentajes elevados en otros delitos económicos como robos a camiones, fraudes con tarjetas y seguros, y tráfico de marihuana.
El informe también señaló que las operaciones se extendían a 34 estados, Puerto Rico y Washington D.C., aunque su centro logístico seguía estando en el sur de Florida.
El reportaje del Sun Sentinel describió redes con cabecillas, reclutadores, corredores de bajo nivel, hackers, mulas y receptadores. Algunas eran pequeñas células familiares, pero otras movilizaban a decenas de personas y contaban con logística sofisticada.
Algunos de esos líderes eran señalados por presuntos vínculos con la inteligencia cubana, aunque ese extremo ha sido históricamente materia de sospecha política y no de una conclusión judicial pública definitiva en todos los casos.
Esa distinción resulta clave, porque buena parte del debate en torno al tema gira precisamente sobre hasta dónde llega la responsabilidad individual y si existe o no una estructura estatal detrás.
Ya en 2011, el entonces senador republicano Chuck Grassley planteó en una audiencia del Comité Judicial su preocupación por la posibilidad de que funcionarios cubanos estuvieran implicados o facilitaran fraudes al Medicare.
En una carta posterior al fiscal general Eric Holder y a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, Grassley advirtió que, si gobiernos extranjeros ayudaban a ejecutar estos delitos, el problema sería todavía más grave.
La respuesta oficial fue limitada y evitó detallar cuántos cubanos estaban involucrados o cuánto tiempo llevaban en el país, pese a que la investigación del Sun Sentinel sostuvo que el gobierno sí disponía de esa información.
El entonces congresista Mario Díaz-Balart también expresó inquietud por la rapidez con que algunos recién llegados lograban montar sistemas sofisticados para defraudar programas federales de salud.
Según el material proporcionado, el legislador cuestionó cómo estas operaciones podían estructurarse en tan poco tiempo y afirmó que el dinero ilícito enviado a Cuba “no va al pueblo”, sino a instituciones del régimen.
En paralelo, la prensa estadounidense ya había documentado en 2008 que decenas de fugitivos acusados de facturar cientos de millones de dólares fraudulentamente al Medicare terminaron refugiados en Cuba, varios de ellos poco después de ser encausados.
La reacción de La Habana fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó los señalamientos como una “calumnia promovida por sectores anticubanos” en EEUU y aseguró que se trata de especulaciones sin pruebas. También sostuvo que las autoridades cubanas han procesado a personas radicadas en la Isla por su vinculación con fraudes al Medicare.
Esa organización criminal llega más lejos y está más organizada de lo que nadie se imagina, por eso no permiten a nadie meter la nariz, son mas peligrosos que veneno de serpiente y armas nucleares