El Patronato Masónico de Cuba denunció en un comunicado lo que considera una “intromisión” del régimen castrista en la gestión interna de sus fondos y donaciones, específicamente en el manejo de las divisas que recibe la institución.
Según la denuncia, Raúl Acosta, director del Asilo Masónico, fue citado por la seguridad del Estado y advertido de que podría enfrentarse a cargos por tráfico de divisas, un delito que en Cuba conlleva severas penas de entre 8 y 20 años de prisión.
Este incidente se produjo después de que el Asilo Masónico fuera objeto de una auditoría sorpresa por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia y la Contraloría, quienes solicitaron acceder a los registros de las donaciones en divisas provenientes de los masones cubanos en el exterior.
Los funcionarios, en su revisión, cuestionaron la gestión de estos fondos, los cuales, según la institución, se utilizan exclusivamente para cubrir necesidades que el Estado no puede asumir, principalmente para el bienestar de los ancianos que residen en el asilo.
El Patronato Masónico, en un documento oficial dirigido a sus miembros y que fue publicado por el periodista Mario J. Pentón, explicó que estas donaciones forman parte del patrimonio privado de la masonería, y que nunca han sido utilizadas para fines distintos al beneficio de los residentes del Asilo.
Según el comunicado, la interferencia estatal no solo violenta la autonomía de la institución, sino que también pone en peligro la integridad de los fondos donados, que son esenciales para garantizar las condiciones de vida de los ancianos, especialmente después de la dolarización parcial de la economía cubana.
En el documento, los miembros del Patronato expresaron su preocupación por la creciente injerencia del gobierno en los asuntos internos de la Masonería. Según la denuncia, los auditores solicitaron detalles de los vales y registros de divisas de manera injustificada.
Cuando se cuestionó a los funcionarios sobre la legalidad de su intervención, estos argumentaron que la auditoría era una respuesta a una queja de un residente del asilo, lo que fue calificado por la masonería como un intento de manipulación para desacreditar la gestión del Patronato.
El Patronato, en su comunicado, advirtió que bajo ninguna circunstancia el gobierno debería acceder a los fondos donados por los masones en el exterior, ya que estos no son parte de los recursos públicos ni de las arcas del Estado. “El dinero de los hermanos masones es un patrimonio privado y no está sujeto a fiscalización por entidades externas”, señalaron.
Medidas aprobadas por los masones para defenderse del ataque del régimen
Para proteger la integridad de los fondos y evitar futuras interferencias, el Patronato Masónico aprobó una serie de medidas internas. Entre ellas, se destaca que las cuentas en divisa solo podrán ser revisadas por masones, y no por entidades estatales.
Además, se establecerá un sistema de seguridad más riguroso, con el dinero siendo resguardado en una caja fuerte a la que solo tendrá acceso el contador designado por la institución. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los fondos sean utilizados exclusivamente para fines destinados al bienestar de los residentes del Asilo.
El Patronato cerró su comunicado reafirmando su compromiso con la autonomía de la institución y su negativa a permitir cualquier tipo de injerencia por parte del gobierno cubano en la gestión de sus recursos. “No permitiremos más intromisiones estatales en nuestros asuntos internos”, concluye el documento, dejando claro que la masonería continuará defendiendo su independencia.
