La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida presentó cargos contra un migrante cubano acusado de reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportado en dos ocasiones.
La ofensiva judicial, que también involucra a otras 14 personas con cargos similares, se enmarca dentro de una política migratoria más severa por parte de la administración de Donald Trump.
Según un comunicado oficial, el acusado es Sergio Perdomo Paján, de 38 años, ciudadano cubano que fue localizado en el condado Miami-Dade. De acuerdo con la acusación, había sido deportado previamente en 2013 y nuevamente en 2022, pero regresó a territorio estadounidense sin autorización legal.
De acuerdo con la legislación federal, el delito de reingreso ilegal después de una deportación suele conllevar una pena máxima de hasta dos años de prisión. Sin embargo, cuando el acusado tiene antecedentes penales específicos, como condenas agravadas, la ley permite imponer sanciones mucho más severas.
En el caso de Perdomo Paján, la Fiscalía sostiene que existe una condena agravada previa, lo que eleva la posible pena hasta un máximo de 20 años de cárcel.
Las autoridades subrayan que este tipo de cargos se aplican de forma diferenciada según el historial penal de cada acusado. En esta misma serie de casos, otros migrantes enfrentan penas agravadas similares, mientras que algunos podrían recibir hasta 10 años de prisión debido a sus antecedentes.
El proceso contra el ciudadano cubano forma parte de un conjunto de acusaciones anunciadas por el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. En total, grandes jurados del Distrito Sur de Florida imputaron por separado a 15 personas previamente deportadas que habrían regresado ilegalmente. Entre los acusados hay ciudadanos de Guatemala, México y Honduras.
Las edades de los imputados oscilan entre los 28 y los 58 años, con un promedio cercano a los 38. La mayoría fue localizada en condados del sur de Florida, especialmente Miami-Dade, aunque también se reportaron detenciones en otras zonas del estado, lo que muestra el alcance regional del operativo.
Las investigaciones están a cargo de múltiples agencias federales, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de sus divisiones de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). También participaron autoridades locales, como la Oficina del Sheriff del condado Monroe y la Patrulla de Carreteras de Florida.
Los casos son procesados por la nueva sección de Ejecución de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE), creada en noviembre de 2025 para fortalecer la seguridad fronteriza y desmantelar redes de tráfico humano.
Desde su creación, esta unidad ha presentado cargos en más de 40 casos de reingreso ilegal. La Fiscalía recordó que una acusación es solo una alegación y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine su culpabilidad.
