Mike Hammer visitó en La Habana a la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente Laffita, en momentos en que ambas enfrentan un proceso penal y permanecen bajo arresto domiciliario por la difusión de un video en redes sociales.
Durante la reunión, la joven afirmó que el proceso en su contra responde a una represalia por sus opiniones y denunció haber sufrido hostigamiento, amenazas y limitaciones.
Ver esta publicación en Instagram
El caso ha provocado atención fuera de Cuba y cuestionamientos por su trasfondo represivo, mientras Bensi mantiene su defensa del derecho a expresarse libremente.
La creadora de contenido fue citada el pasado 26 de marzo por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la capital cubana. Tras comparecer, las autoridades le impusieron la medida cautelar de reclusión domiciliaria, según explicó la propia Bensi en un video publicado en redes.
La acusación formal alude a un supuesto delito relacionado con “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. La causa está vinculada también a su madre, quien ya había sido llamada por las autoridades semanas antes.
Bensi afirmó que el expediente abierto en su contra no responde al contenido jurídico que se le atribuye, sino a su activismo digital. Según su versión, la imputación es una cobertura para justificar una acción represiva por sus opiniones y denuncias públicas.
El origen del caso se remonta a un video difundido en plataformas sociales. En esas imágenes aparecen dos hombres entregando una citación oficial a Caridad Silvente, material que luego sirvió como base para las actuaciones de las autoridades.
Según la versión oficial, uno de los hombres que aparece en el video, identificado como Yoel Leodán Rabaza Ramos, suboficial del Ministerio del Interior, se sintió amenazado por la divulgación de su identidad. Ese argumento habría impulsado la acusación contra madre e hija.
Ambas mujeres enfrentan cargos bajo el artículo 393 del Código Penal cubano. De prosperar el proceso y llegar a juicio con sentencia condenatoria, podrían recibir penas de entre dos y cinco años de prisión.
La defensa sostiene que el procedimiento no cumple con los requisitos legales. El abogado Roberto Ortega Ortiz argumenta que este tipo de delito solo puede perseguirse mediante querella de la persona supuestamente afectada, algo que, según dijo, no consta en el expediente.
La madre de la activista también aseguró que gran parte del interrogatorio giró en torno a las publicaciones de su hija. Según su testimonio, las autoridades consideran a Anna Bensi una figura incómoda por la visibilidad de sus mensajes en redes sociales.
El abogado de Silvente pidió la anulación del caso al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la imputación. Hasta ahora, la familia mantiene que todo el proceso carece de base sólida y responde a una represalia política.
