Una investigación del Diario de Cuba descubrió que la MIPYME privada Landservi SURL de Sancti Spíritus y la agencia DVA Multiservices4 Corp, con sede en Hialeah, realizaron operaciones de más de 657 millones de dólares a favor de 21 embajadas con sede en La Habana.
La empresa en el sur de Florida recibió una licencia de exportación por el Buró de Industria y Seguridad (BIS), adscrito al Departamento de Comercio, para realizar transacciones del 27 de marzo de 2024 al 31 de marzo pasado. Esto quedó establecido en el permiso D1351364.
La compañía DVA Multiservices4 Corp se encuentra especializada en envíos a Cuba, recargas telefónicas, renta de autos, hoteles y trámites migratorios. Según los datos disponibles, la firma fue fundada en 2021 por Ober Valdés Pérez y mantiene un perfil comercial dirigido principalmente a emigrados cubanos.
Sin embargo, llama la atención que, tras años de actividad visible en redes sociales, la compañía dejó de publicar en Facebook e Instagram desde septiembre de 2025.
En el caso de la MIPYME en Sancti Spíritus, se presenta como una entidad dedicada al comercio mayorista y la distribución de productos importados y nacionales para negocios, emprendimientos y alimentación.
En su página web afirma que vende y distribuye mercancías hacia distintos puntos del país, con almacenes situados en la zona de naves estatales conocida como El Chambelón.
La operación entre ambas empresas cobró mayor relevancia al conocerse que Landservi habría manejado importaciones por 657.300.000 dólares durante los dos años de vigencia de dicha licencia.
Según el documento citado, las compras de Landservi en Estados Unidos, gestionadas mediante DVA Multiservices, tenían como destino 21 sedes diplomáticas en la capital cubana.
Entre ellas figuran oficinas de España, Turquía, Catar, Sri Lanka, Honduras, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Guyana, México, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá, Barbados, Bahamas y Costa Rica.
La información resulta inusual porque Landservi no reporta una infraestructura conocida en La Habana ni intermediarios que expliquen cómo abastecería de forma regular a sedes diplomáticas extranjeras.
Asimismo, genera dudas que esas embajadas recurrieran a una firma de Hialeah y a una MIPYME de Sancti Spíritus para adquirir bienes que, en teoría, podrían importar por canales propios o mediante proveedores vinculados a sus respectivos países.
Los productos autorizados incluyen partidas de gran volumen y alto valor. Entre ellas aparecen 20 millones de dólares en carnes congeladas, otros 20 millones en bebidas alcohólicas, 90 millones en televisores de pantalla plana y 180 millones en electrodomésticos de cocina.
Además, 70 millones en sistemas de aire acondicionado y 50 millones en plantas eléctricas. También se registran 14 millones de dólares en bicicletas, 20 vehículos por 800.000 dólares, tres millones en herramientas, cuatro millones en café y té, y 1,5 millones en comida para bebés.
La dimensión de esas compras plantea como interrogante central si las embajadas realmente necesitaban todos esos productos, como bicicletas valoradas en 14 millones de dólares. Hasta el cierre del reporte original, 19 embajadas contactadas por el Diario de Cuba no habían respondido preguntas sobre sus vínculos con DVA Multiservices y Landservi.
La existencia misma de Landservi también aparece rodeada de inconsistencias. De acuerdo con una publicación de Facebook de diciembre de 2023, la empresa habría sido fundada cuatro meses antes.
Sin embargo, no figuraba en el listado de nuevos actores económicos aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación hasta el 9 de mayo de 2024. En ese registro aparece otra MIPYME con el mismo nombre, ubicada en Bayamo, Granma, pero dedicada a servicios gastronómicos.
Tampoco habría constancia de Landservi en el directorio de empresas no estatales y cooperativas no agropecuarias aprobadas en Sancti Spíritus. Pese a ello, la entidad sí apareció en un reporte de la televisión estatal cubana por un donativo a instituciones sociales, realizado en coordinación con la Asamblea Municipal del Poder Popular.
Una situación similar habría ocurrido con MIKA S.R.L., una MIPYME habanera que, pese a aparecer registrada en Cuba con actividad relacionada con la madera, realizó compras por más de 2.000 millones de dólares destinadas a entidades estatales como MAQUIMPORT, ALIMPEX, el Ministerio de Transporte y el MINCIN.
La pregunta de fondo es si estas licencias funcionan como mecanismos indirectos para abastecer al régimen cubano, aun bajo el marco del embargo estadounidense. Las condiciones del BIS establecen que los productos deben utilizarse para satisfacer las necesidades del pueblo cubano.
Sin embargo, la opacidad de los beneficiarios, el papel de intermediarios privados y la posible participación de entidades oficiales obligan a exigir transparencia sobre el verdadero destino de esas importaciones millonarias.
