El artista puertorriqueño Daddy Yankee presentó este martes una solicitud formal al juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para desestimar la petición realizada por su esposa, Mireddys González Castellanos, de nombrar un administrador judicial para las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.
En una moción de siete páginas, la defensa del cantante, encabezada por los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, solicitó que se impongan sanciones a la parte demandada por considerar la acción legal como temeraria y carente de fundamentos.
Cuestionamientos sobre el candidato a administrador
Los abogados de Ramón Luis Ayala Rodríguez destacaron que Luis A. Avilés Pagán, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y candidato propuesto como administrador judicial, ha mantenido comunicación con la defensa del artista.
Según indicaron, Avilés ha ofrecido asesoría y sugerencias estratégicas en el caso, lo que consideran un conflicto de intereses. “Estas comunicaciones están documentadas y pueden ser presentadas al tribunal si así se requiere”, señalaron.
Esta postura surgió en respuesta a una moción presentada el lunes por los representantes legales de González Castellanos y su hermana, Ayeicha González Castellanos, quienes argumentaron que las empresas enfrentan problemas de gobernanza que afectan sus operaciones. Sugirieron que Avilés asuma el control de los activos, supervise las operaciones y garantice la transparencia en las finanzas de las corporaciones.
Defensa del artista contra las acusaciones
La defensa de Daddy Yankee calificó la solicitud de las hermanas González Castellanos como improcedente, señalando que la sentencia emitida por el tribunal es definitiva y firme. Según los abogados del artista, las demandadas buscan utilizar los medios de comunicación para desacreditar a su cliente mediante una estrategia mediática, lo que describieron como una táctica de distracción.
En declaraciones escritas enviadas a un medio local, los representantes del artista subrayaron que las hermanas han incumplido reiteradamente las órdenes judiciales y que la solicitud de un administrador judicial carece de base jurídica.
Afirmaron, además, que el artista continuará cumpliendo con sus responsabilidades como presidente de las empresas y tomará las medidas necesarias para esclarecer cualquier irregularidad en su gestión.
La posición de las demandantes
Por su parte, los abogados de González Castellanos argumentaron que los conflictos internos en la administración de las corporaciones han causado perjuicios significativos. Indicaron que, debido a un “empate irreconciliable” entre los accionistas, las empresas se encuentran paralizadas y enfrentan una falta de comunicación que afecta sus operaciones.
También señalaron transacciones bancarias sustanciales realizadas sin el consentimiento de González Castellanos, quien posee el 50% de las acciones comunes.
En su moción, las demandantes insistieron en la necesidad de designar a Avilés Pagán para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas de las corporaciones.
El juez Cuevas Ramos deberá ahora decidir si acepta la petición de las demandantes o ratifica la postura de la defensa del artista. El caso sigue generando atención mediática debido a las implicaciones legales y económicas que conlleva.
