Un nuevo caso de abuso policial sacude las redes sociales tras la denuncia pública del chófer particular Lester Acosta, quien asegura haber sido víctima de un acto arbitrario por parte de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el Cupet del Kilómetro 259, en Villa Clara.
El incidente, difundido por la página de Facebook La Tijera, expone un patrón recurrente de hostigamiento a los trabajadores por cuenta propia en la Isla. Según el relato de Acosta, todo comenzó cuando la patrulla número 295 se presentó en la estación de servicio y, sin ofrecer explicación previa, los agentes le exigieron su licencia de conducción.
“Te la vamos a retirar por deudas”, fue la justificación inicial. Sin embargo, Acosta mostró su comprobante de pago actualizado, lo que evidenciaba que no existía ninguna deuda pendiente. Lejos de disculparse por el error, los agentes, según denuncia, reaccionaron con molestia y, en un aparente acto de represalia, decidieron imponerle una multa por mal estacionamiento.
La sanción ascendía a 16 mil pesos cubanos (CUP), una suma desproporcionada para la mayoría de los trabajadores independientes. Al negarse a firmar la boleta, indignado por lo que considera un abuso de poder, los oficiales tiraron el documento al suelo y se marcharon del lugar.
El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde ciudadanos denuncian que situaciones como esta se han vuelto cotidianas: “Esto se ha hecho rutina en este país. Policías que abusan de su cargo y utilizan sus uniformes, y nadie hace nada. Para el gobierno esto es normal: un pueblo cansado”, comentó un internauta en la publicación.
Otro usuario señaló: “Muy de acuerdo. Viví algo parecido con mi hermano. A ellos el uniforme les da poder, y lo que hacen es reprimir, chantajear y abusar del pueblo. Todo lo contrario de para lo que fueron creados. Tanto que se critica a la policía de Batista y la de nosotros está peor”.
Un tercer comentarista advirtió: “El gobierno y los organismos del Estado dan rienda suelta a la policía para que hagan lo que mejor les convenga. Solo les importa la protección del sistema, nada que ver con la protección del pueblo. Viví algo similar en Angola, donde los altos mandos exigían a los subordinados entregar efectivo cada tarde. Por ese camino vamos aquí”.
Este tipo de arbitrariedades refuerza el sentimiento común de que el poder en Cuba se ejerce con total impunidad, especialmente contra sectores independientes del control estatal, como los cuentapropistas. Mientras se agudiza la crisis económica y social, las denuncias de abusos institucionales siguen aumentando, sin que exista un canal efectivo para que los ciudadanos encuentren justicia o reparación.
El tema de las multas en Cuba ya se ha convertido en una obligación por parte de la policía. Entre enero y marzo de 2025, el gobierno cubano celebró la imposición de 425.000 multas por más de 1.000 millones de pesos, según informó el diario oficialista Granma. El 90,1 % fueron cobradas, en parte gracias al uso de pagos digitales como Transfermóvil.
Las sanciones afectaron tanto a ciudadanos como a MIPYMES, con más de 131 millones de pesos por “violaciones de precios”. Se realizaron 61.659 inspecciones, detectando 38.822 infracciones. Críticos, que consideran que viven una represión económica, denunciaron por aquellas fechas que las medidas presionan al sector privado, mientras los mercados estatales, especialmente los de GAESA, operan con precios altos sin ser sancionados.
