El campesino cubano Andrés Manuel Sosa Ramírez denunció en junio de 2026 haber recibido una multa de 200,000 pesos por mantener su ganado en tierras ociosas, según explicó en un video publicado en Facebook que superó los 13 millones de visualizaciones.
La denuncia generó una ola de reacciones debido a que la sanción recae sobre un productor que asegura no haber cometido otro delito y que, según su versión, mantiene sus animales en crecimiento en medio de la crisis que atraviesa la ganadería nacional.
“200,000 pesos de multa porque el ganado mío está creciendo en tierras ociosas. ¿Es malo o es bueno?, no tengo ningún otro delito”, afirmó Sosa Ramírez en el material audiovisual que se viralizó en redes sociales.
El productor sostuvo además que existen extensas áreas improductivas en su territorio y calificó la medida como un abuso. “Es abusivo, y hay más de 200 caballerías de tierra perdidas donde yo vivo”, declaró. También aseguró que las autoridades agrícolas pretenden retirarle los animales. “Hasta cuándo la injusticia en este país”, expresó.
Un sistema de sanciones bajo cuestionamiento
La situación de Sosa Ramírez no constituye un hecho aislado. En mayo de 2026, el mismo productor había denunciado una multa de 60,000 pesos impuesta por el Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP) debido a una presunta diferencia de edad en el registro de sus reses.
Las autoridades aplican estas sanciones amparadas en el Decreto 70/2022 del Consejo de Ministros, normativa que reforzó los mecanismos de control sobre el ganado mayor.
La legislación contempla multas de 10,000 pesos por cada animal cuyos nacimientos, muertes o faltantes no sean declarados. Además, establece sanciones de 20,000 pesos por incumplimientos relacionados con la actualización de registros y prevé el decomiso de animales que no aparezcan debidamente inscritos.
A ello se suma la Resolución 20/2025 del Ministerio de Finanzas y Precios, que creó un impuesto sobre las tierras agrícolas y forestales improductivas.
La combinación de ambas disposiciones ha generado críticas entre productores, quienes consideran que enfrentan cargas económicas crecientes en un contexto marcado por limitaciones productivas y falta de incentivos.
La contradicción resulta más visible al comparar el monto de las multas con los precios oficiales fijados para la comercialización del ganado. En marzo de 2026, el Consejo de Ministros estableció un precio máximo de 75 pesos por kilogramo para toros de primera categoría. Bajo ese esquema, un animal de 500 kilogramos tendría un valor bruto de 37,500 pesos, cifra muy inferior a la sanción de 200,000 pesos denunciada por el campesino.
Crisis ganadera y reacciones en redes sociales
La controversia surge mientras la ganadería cubana enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Desde 2019, el país ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno. Al cierre de 2024, el hato nacional rondaba los tres millones de animales, cerca de 400,000 menos que el año anterior.
Las estadísticas oficiales reflejan además 58,963 muertes de reses y 7,143 sacrificios clandestinos registrados durante 2024. En Villa Clara, más de 15,000 animales murieron en agosto de 2025.
Paralelamente, una fiscalización nacional realizada entre marzo de 2024 y enero de 2025 detectó 181,854 irregularidades vinculadas al control de la masa vacuna.
Numerosos usuarios reaccionaron al caso de Sosa Ramírez en plataformas digitales. Varios comentarios cuestionaron que las autoridades sancionen a productores que logran conservar sus animales mientras el sector continúa perdiendo capacidad productiva.
Otros internautas relacionaron esta situación con denuncias recientes de campesinos y trabajadores privados que afirman enfrentar multas elevadas por actividades económicas que consideran legítimas.
La frase de otro productor, difundida meses atrás en redes sociales, resume parte del malestar existente: “Me roban y ellos son los dueños”. Para muchos cubanos, la denuncia de Andrés Manuel Sosa Ramírez refleja las tensiones entre los mecanismos de control estatal y la necesidad de aumentar la producción agropecuaria en medio de una prolongada crisis económica.
