El pasado 13 de mayo, un residente de Guanajay, en la provincia de Artemisa, denunció en Facebook que inspectoras estatales le impusieron más de 10 mil pesos en multas por vender productos a un precio inferior al habitual en el mercado local.
El hecho generó debate en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron los mecanismos de control aplicados por las autoridades cubanas y el creciente número de sanciones económicas contra trabajadores y vendedores particulares.
En el video difundido en internet, el hombre explica que primero recibió una multa de 5 mil pesos por comercializar mercancías “por debajo del precio del pueblo”.
Según su testimonio, apenas 15 días después otra inspectora acudió a sancionarlo nuevamente por la misma causa. “¿A dónde vamos a parar? Alguien tiene que parar esto. No sé quién puede parar esto”, expresó visiblemente molesto.
El caso llamó la atención porque la penalización no estuvo relacionada con sobreprecios, acaparamiento o especulación, argumentos utilizados con frecuencia por el Gobierno cubano en operativos de inspección.
En esta ocasión, la sanción ocurrió por vender más barato que otros comerciantes de la zona, lo que para muchos internautas demuestra la falta de uniformidad en la aplicación de las normas económicas.
En la grabación también se escuchan otras personas que aseguran haber recibido multas de mil pesos durante el mismo operativo. “Es una falta de respeto, chico”, comentó uno de los presentes mientras el denunciante mostraba su inconformidad.
La situación coincide con un endurecimiento de la política estatal de inspecciones y control de precios en Cuba. A finales de 2024, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que los inspectores comenzarían a cobrar en función de sus resultados, medidos por la cantidad y el importe de las multas aplicadas.
Esa medida despertó críticas desde distintos sectores, debido a que varios ciudadanos denunciaron posteriormente sanciones consideradas arbitrarias. En abril de 2026, otra denuncia divulgada en redes sociales aseguró que algunas inspectoras admitieron imponer multas aun cuando no existían violaciones claras, porque debían “llegar con resultados”.
Las sanciones se apoyan en el Decreto 30 de 2021, normativa que regula infracciones vinculadas con la política de precios y establece multas de entre 2 mil 500 y 15 mil pesos. Más adelante, el Decreto-Ley 91 de 2024 amplió el alcance de esas medidas y elevó las penalidades contra trabajadores por cuenta propia, cooperativas y mipymes hasta 72 mil pesos.
En los últimos meses trascendieron otros casos similares en distintas provincias del país. En Centro Habana, un vendedor de pozuelos recibió multas por 46 mil pesos en una sola jornada.
En Holguín, un anciano de 81 años fue sancionado con 21 mil pesos por vender fosforeras sin licencia, pese a que llevaba más de un año esperando autorización oficial. Mientras, en Granma, inspectores aplicaron multas de hasta 72 mil pesos a comerciantes de pollo troceado.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud de esta política. Durante 2024 se realizaron más de 606 mil inspecciones en toda Cuba y se impusieron 371 mil multas, con un valor superior a 980 millones de pesos. Solo en la tercera semana de febrero de 2026 las autoridades reportaron 17 mil sanciones económicas por un monto total de 65 millones de pesos.
