Un reciente editorial del diario oficialista Granma intenta colocar al régimen castrista en el papel de víctima absoluta.
Bajo el título “No habrá perdón ni olvido”, el órgano oficial del Partido Comunista (PCC) acusa a políticos cubanoamericanos y funcionarios de Estados Unidos de promover una posible invasión militar contra Cuba, y los responsabiliza por las víctimas que podría dejar un conflicto armado.
El texto habla de la posible muerte de mujeres, niños, ancianos y civiles, pero omite una parte esencial: durante más de seis décadas, la dictadura comunista también ha dejado víctimas, familias rotas, presos políticos, muertos, exiliados y ciudadanos condenados al silencio.
Ese es el problema central del editorial. Granma reclama memoria, pero exige una memoria selectiva. Pide que no se olvide el daño causado por Washington, pero pretende borrar el expediente interno de represión.
Presenta al gobierno cubano como defensor de la vida, aunque ese mismo Estado ha perseguido a opositores, periodistas, artistas, religiosos, activistas y ciudadanos comunes por ejercer derechos básicos.
Freedom House describe a Cuba como un Estado comunista de partido único que prohíbe el pluralismo político, controla los medios independientes, reprime la disidencia y restringe libertades civiles fundamentales.
Si en una Cuba libre no debe haber olvido, tampoco puede haber impunidad. No se trata de promover linchamientos ni venganza. Se trata de justicia.
Los responsables políticos, militares, judiciales y policiales de abusos graves deberán responder ante tribunales independientes, con garantías procesales, pruebas documentadas y derecho a defensa.
La libertad no puede nacer copiando los métodos del régimen. Pero una transición democrática tampoco puede construirse sobre el silencio impuesto por los victimarios.
La memoria deberá incluir casos como el remolcador 13 de Marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró el caso como una violación vinculada al derecho a la vida, después del hundimiento de la embarcación en 1994, cuando familias cubanas intentaban salir del país por mar.
Entre las víctimas hubo niños. Ese hecho sigue siendo una herida abierta para el exilio y para muchas familias dentro de la Isla.
También deberá incluir el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, los fusilamientos sumarios de 2003 tras el secuestro de una lancha en la Bahía de La Habana, y la Primavera Negra de ese mismo año.
La CIDH condenó la ejecución de Lorenzo Copello Castillo, Bárbaro Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, sometidos a un proceso acelerado por delitos contra la seguridad del Estado. Amnistía Internacional, por su parte, declaró presos de conciencia a 75 disidentes arrestados en la ofensiva represiva iniciada el 18 de marzo de 2003.
La represión no pertenece solo al pasado lejano. En años recientes también se ha dado. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles para reclamar libertad, alimentos, medicinas y el fin de los apagones.
El régimen respondió con detenciones, juicios, condenas severas y vigilancia. Human Rights Watch documentó abusos contra manifestantes encarcelados, incluidos golpes, aislamiento, falta de atención médica y condiciones insalubres.
En su informe mundial de 2026, la organización señaló que Cuba mantenía cerca de 700 presos políticos, según Prisoners Defenders, y que 359 personas vinculadas al 11J seguían en prisión, según Justicia 11J.
El editorial oficialista pregunta quién sería responsable de una guerra. Pero evita preguntar quién es responsable de haber cerrado todos los caminos pacíficos dentro del país.
¿Quién impidió partidos libres? ¿Quién criminalizó la prensa independiente? ¿Quién convirtió los tribunales en instrumentos del poder político? ¿Quién ordenó actos de repudio contra mujeres vestidas de blanco, artistas, opositores y familiares de presos? ¿Quién hizo del miedo una política de Estado?
Granma acusa a otros de fabricar odio, pero el aparato propagandístico del régimen ha construido durante décadas una cultura de enemigo interno. A quien discrepa lo llama mercenario. A quien protesta lo acusa de delincuente.
A quien se exilia lo tacha de traidor. Esa deshumanización también tiene consecuencias. Sirve para justificar cárcel, expulsiones laborales, amenazas, vigilancia, destierro y muerte civil.
Por eso, cuando Cuba sea libre, el “no habrá perdón ni olvido” deberá aplicarse en sentido democrático. No habrá olvido para las víctimas del mar, las cárceles, los paredones, los apagones usados como control social, los juicios amañados y las familias destruidas por el exilio.
No habrá impunidad para quienes firmaron sentencias injustas, golpearon detenidos, fabricaron expedientes, ordenaron reprimir o encubrieron crímenes desde oficinas del Partido, la Seguridad del Estado, los tribunales y los medios oficiales.
El perdón, si llega, pertenecerá a las víctimas. El olvido no puede imponerlo ningún gobierno. Y la justicia, en una Cuba verdaderamente libre, tendrá que demostrar que es superior moralmente al régimen que durante décadas usó la ley como castigo y la propaganda como coartada.
