La administración de Donald Trump volvió a buscar una vía para limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 23 de septiembre nuevas restricciones de visas contra personas que participen, faciliten o lucren con el llamado turismo de nacimiento, es decir, viajar al país poco antes de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.
La medida utiliza la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y apunta especialmente contra operadores de redes comerciales, intermediarios que ayuden a falsear solicitudes y proveedores médicos extranjeros que faciliten estos viajes.
El Departamento de Estado sostiene que algunas organizaciones cobran decenas de miles de dólares por organizar partos en EEUU. La decisión representa otro capítulo de una política que Trump colocó entre sus prioridades desde el comienzo de su segundo mandato.
El mismo 20 de enero de 2025 firmó una orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía automática a determinados niños nacidos en EEUU cuando sus padres no fueran ciudadanos o residentes permanentes.
Reuters señaló entonces que la medida estaba dirigida contra una interpretación vigente del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Aquella ofensiva encontró obstáculos judiciales.
El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó la orden original de Trump y mantuvo la interpretación amplia de la Decimocuarta Enmienda, que reconoce la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
Associated Press explicó que el fallo dejó sin efecto uno de los principales mecanismos con los que el presidente pretendía modificar esta política. Trump, sin embargo, no abandonó el objetivo.
En agosto emitió nuevas órdenes ejecutivas que intentaron restringir determinados casos de ciudadanía por nacimiento y combatir específicamente el turismo de nacimiento. Una jueza federal bloqueó posteriormente parte de esa iniciativa. CNN señaló que la nueva estrategia era más limitada que la orden inicial, pero seguía enfrentando cuestionamientos judiciales.
Ahora. Washington utiliza otra herramienta: las visas. La nueva política busca dificultar que las personas involucradas en este tipo de viajes puedan obtener autorización para ingresar al país, mientras también aumenta la presión sobre quienes organizan el negocio.
El argumento oficial es combatir el fraude migratorio y evitar que la ciudadanía sea utilizada como un producto comercial. Pero el alcance de la política va más allá de perseguir a las empresas dedicadas a organizar partos.
El endurecimiento del sistema de visas forma parte de una política migratoria más amplia de Trump que ha incrementado los controles incluso sobre personas que pretenden entrar legalmente a EEUU.
Por ahora, la ciudadanía por nacimiento continúa protegida en términos generales por la Constitución y por los fallos judiciales recientes. La nueva ofensiva de Washington no cambia por sí sola ese principio, pero sí muestra que la administración Trump continúa buscando mecanismos para reducir los casos en que extranjeros utilizan una visita a EEUU para que sus hijos nazcan en el país
