La Administración de Donald Trump volvió a intentar cerrar una de las demandas más importantes para cientos de cubanos que ingresaron a Estados Unidos y fueron liberados con el formulario I-220A.
La nueva presentación llegó el viernes 9 de octubre, justo en la fecha que la jueza federal Jacqueline Becerra había establecido para nuevas actuaciones del Gobierno. Sin embargo, el movimiento procesal no significa que la demanda haya sido desestimada ni que exista todavía una decisión definitiva sobre el futuro de los demandantes.
El expediente federal del caso Bello-Rubio muestra que la Administración presentó la entrada 77, una moción dirigida contra la segunda demanda enmendada. El registro disponible en Habeas Dockets establece ahora otra fecha que será determinante para la siguiente etapa del litigio.
Gobierno vuelve a pedir que se desestime la demanda de cubanos con I-220A
La nueva moción solicita a la corte desestimar la segunda demanda enmendada por dos vías: falta de jurisdicción y falta de una reclamación legal suficiente que permita conceder el remedio solicitado por los demandantes.
Se trata de un nuevo intento después de que Becerra rechazara el pasado 10 de septiembre la primera moción de desestimación del Gobierno. Periódico Cubano informó entonces sobre la victoria procesal que permitió continuar el litigio de los cubanos con I-220A.
Pero aquella decisión no impidió definitivamente que el Gobierno volviera a plantear argumentos para cerrar el caso. La propia jueza permitió que los demandantes modificaran su reclamación para abordar específicamente una cuestión jurídica relacionada con la base legal utilizada para detener y posteriormente liberar a los migrantes.
La segunda demanda enmendada fue presentada el 18 de septiembre. Desde entonces, el proceso ha continuado con nuevos escritos sobre la posible certificación de una clase y las protecciones judiciales solicitadas por los afectados, tal como se explicó al analizar los pasos posteriores a la audiencia ante la jueza Becerra.
El 23 de octubre será la próxima fecha clave del caso Bello-Rubio
El expediente establece el 23 de octubre de 2026 como fecha límite para responder a la nueva moción de desestimación. Hasta entonces, los abogados de los demandantes podrán presentar sus argumentos para explicar por qué consideran que la corte conserva jurisdicción y por qué la reclamación enmendada debe continuar.
La fecha adquiere especial importancia después de que el Gobierno cumpliera con el plazo del 9 de octubre que había sido fijado previamente por el tribunal. Días antes, Periódico Cubano había informado que la Administración debía responder a varios asuntos pendientes antes de esa fecha.
Además de la moción de desestimación, el Gobierno presentó el mismo 9 de octubre dos escritos suplementarios relacionados con una solicitud de protección judicial y con la posible certificación del grupo de demandantes como clase.
Por ahora, ninguna de esas presentaciones equivale a un fallo de la jueza. Tampoco modifica automáticamente el estatus migratorio de quienes tienen una I-220A.
Qué está realmente en juego para los cubanos con I-220A
Bello-Rubio comenzó con 992 demandantes cubanos que sostienen que la manera en que fueron liberados por las autoridades migratorias debe ser examinada para determinar si jurídicamente correspondía tratarlos como personas liberadas bajo parole.
Ese punto resulta crucial porque el reconocimiento de un parole puede tener consecuencias para quienes posteriormente intenten acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. El caso generó expectativas desde antes de las primeras audiencias, cuando Periódico Cubano explicó por qué el litigio podía resultar relevante para algunos titulares de I-220A.
Sin embargo, las decisiones procesales obtenidas hasta ahora no han declarado que el formulario I-220A sea equivalente a un parole ni han concedido residencia permanente a los demandantes. Tras la audiencia de septiembre, especialistas también advirtieron que mantener viva la demanda no supone una solución migratoria automática.
La atención se traslada ahora al 23 de octubre. Después de recibir la respuesta de los demandantes y las actuaciones procesales posteriores, corresponderá a Becerra decidir si acepta los argumentos de la Administración Trump o permite que esta nueva versión de la demanda continúe avanzando.
