La batalla legal de 992 cubanos que se encuentran en Estados Unidos bajo un formulario I-220A logró ayer jueves un avance importante después de que la jueza federal, Jacqueline Becerra, del distrito sur de Florida, rechazara la solicitud del gobierno para cerrar dos demandas que buscan el reconocimiento de un parole humanitario.
La magistrada Jacqueline Becerra decidió mantener activos los casos Bello-Rubio y Morejón, permitiendo que el proceso continúe en los tribunales. La decisión representa una victoria procesal para los demandantes, aunque no significa que los cubanos con I-220A hayan recibido parole ni que puedan solicitar automáticamente la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La abogada de inmigración Claudia Cañizares, integrante del equipo legal que representa a los demandantes y presente durante la audiencia, explicó al portal Cuba en Miami que el principal objetivo de la vista era determinar si las demandas sobrevivían al intento del gobierno de desestimarlas.
“Lo principal era tomar una decisión respecto a si el caso se iba a desestimar o no. El motion to dismiss está negado. La demanda sigue en pie”, explicó Cañizares durante una entrevista.
La decisión permite que los abogados continúen desarrollando sus argumentos y avancen hacia las siguientes etapas del proceso judicial, que podría definir el futuro migratorio de miles de cubanos que recibieron dicho documento al ser liberados por las autoridades migratorias.
El tribunal deberá celebrar una nueva audiencia para evaluar si las demandas pueden avanzar como una acción colectiva. En caso de superar ese proceso, cualquiera de las partes podría solicitar un juicio sumario, un mecanismo mediante el cual un juez puede emitir una decisión basándose en los argumentos legales y la documentación presentada, sin necesidad de llegar a un juicio completo.
Cañizares explicó que todavía no es posible determinar cuánto tiempo tomará resolver el litigio, aunque consideró que la jueza reconoce la importancia del caso y la situación de miles de cubanos afectados.
Además, señaló que es probable que el proceso no termine en esta instancia judicial, ya que cualquiera de las partes podría presentar una apelación ante una decisión definitiva. Si el fallo favorece a los demandantes, el gobierno tendría la posibilidad de impugnarlo; mientras que los cubanos representados podrían hacer lo mismo si el resultado no cumple sus expectativas.
Abogados deberán modificar las demandas y preparar una nueva etapa del proceso
Según explicó Cañizares, la jueza ordenó realizar algunas modificaciones en los documentos presentados inicialmente para precisar mejor uno de los argumentos centrales de los demandantes y explicar con mayor claridad cuál es la solución legal que están solicitando.
La abogada indicó que esos elementos ya estaban incluidos en la estrategia jurídica, pero ahora deberán ser presentados de una manera más específica para cumplir con las exigencias del tribunal.
La jueza también habría señalado que el caso lleva demasiado tiempo pendiente y que debe avanzar. Para ello, estableció plazos destinados a que ambas partes entreguen nuevos documentos y argumentos antes de las próximas audiencias.
La demanda colectiva todavía no ha sido aprobada
Uno de los puntos que genera mayor expectativa entre los cubanos con I-220A es la posibilidad de que el caso sea certificado como una demanda colectiva o class action.
Si el tribunal aprueba esa condición, una eventual decisión favorable podría beneficiar no solamente a los demandantes actuales, sino a un grupo más amplio de personas que se encuentran en situaciones similares.
Sin embargo, Cañizares aclaró que la jueza todavía no tomó una decisión sobre este aspecto durante la audiencia. “Hoy no se certificó como un class action. Va a haber una audiencia separada para eso”, explicó.
Según la abogada, la preocupación principal de la magistrada no estaría relacionada con el tamaño del grupo, sino con la manera en que podrían identificarse todas las personas que formarían parte de la posible clase.
“La jueza no dijo que no se puede certificar porque es una clase muy amplia. Lo que quiere saber es si existe una forma de encontrar e identificar a todas esas personas”, señaló.
Cañizares explicó que las autoridades federales cuentan con sistemas que podrían permitir ubicar a los cubanos que ingresaron bajo determinadas condiciones, recibieron un I-220A y posteriormente no obtuvieron parole.
Una frase de la jueza genera preocupación entre cubanos con I-220A
Durante la audiencia, una expresión atribuida a la jueza Jacqueline Becerra comenzó a generar inquietud entre inmigrantes cubanos pendientes del resultado del litigio.
Según explicó Cañizares, la magistrada habría señalado que la decisión final del caso podría no ser completamente satisfactoria para ninguna de las partes involucradas.
La frase provocó interpretaciones negativas en redes sociales, donde algunos cubanos consideraron que podía anticipar un resultado desfavorable para los demandantes.
Sin embargo, la abogada pidió analizar el comentario dentro del contexto completo de una audiencia que duró aproximadamente una hora y en la que se discutieron diferentes aspectos legales.
La especialista confirmó que la magistrada hizo ese comentario, pero aclaró que no significa que exista una decisión tomada contra los cubanos con I-220A.
Según explicó, una resolución judicial puede no satisfacer completamente a ninguna de las partes por diferentes razones. Por ejemplo, los demandantes podrían ganar algunos argumentos, pero no recibir exactamente el remedio que solicitaron.
También podría ocurrir que el tribunal tome una decisión sobre determinados puntos legales, pero no apruebe una certificación colectiva que permita extender los efectos del fallo a miles de personas.
Uno de los escenarios que más preocupa a los afectados es que el tribunal no llegue a establecer una respuesta definitiva sobre la pregunta central del caso: si los cubanos que recibieron un I-220A debieron haber sido considerados beneficiarios de parole para efectos de la Ley de Ajuste Cubano.
Cañizares explicó que una decisión que no resuelva completamente esa controversia podría mantener a miles de personas en una situación de incertidumbre migratoria.
El problema radica en que muchos cubanos con I-220A han esperado durante años una solución que les permita avanzar hacia la residencia permanente, pero actualmente enfrentan dificultades porque ese documento de libertad supervisada no es considerado automáticamente como parole por las autoridades migratorias.
A pesar de esa preocupación, la abogada destacó que la audiencia también dejó señales positivas, ya que la jueza permitió que los argumentos continúen desarrollándose y dio a los abogados la oportunidad de fortalecer los puntos más importantes del caso.
