Ramón Cano Enríquez, un cubano que cumplió recientemente de 65 años de edad, fue víctima de la burocracia en la Oficina de Registro de Consumidores (Oficoda) de La Habana, donde le negaron acceder a la lata de sardinas que se distribuye en las bodegas cubanas a las personas adultas mayores.
Según la ley establecida por el Ministerio de Comercio Interior (Mincin), ese producto de donación no alcanza para todos los consumidores y se decidió otorgarlo solo a quienes tengan 65 años o más. Cano Enríquez cumple con ese requisito según su fecha de nacimiento, pero en los registros de la Oficoda está censado como una persona de 64 años.
El hombre contó su odisea al periódico oficialista Juventud Rebelde, que publicó la historia en la sección Acuse de Recibo. Los funcionarios del Mincin explicaron que el sistema de las libretas de racionamiento se actualiza una sola vez al año. De hecho, el proceso se hace en el mes de enero y se censa a todos los consumidores por la edad que tienen en ese mes. Como Cano Enríquez cumplió sus 65 en el mes de junio, su nombre no aparece entre los que tienen derecho a una lata de sardina.
El residente en el municipio del Cotorro protestó ante su bodeguero y llevó el caso a otros niveles superiores, pero en ninguno tuvo éxito. En todos los lugares le repitieron lo mismo: para los registros de la Oficoda él se mantiene con la misma edad durante todo el año. La próxima actualización, donde se refleja que tiene 65 años, se hará en enero de 2025. Por lo tanto, “no le corresponde la lata de sardina hasta tener la nueva libreta el año que viene”.
Al más puro estilo del personaje de Pánfilo en la serie humorístico Vivir del Cuento, este jubilado cubano solo le quedó el consuelo de escribir a un medio de prensa para que con varias semanas de retraso le publicaran su queja.
Su reflexión revela la indolencia de un régimen que hace las leyes para limitar a los cubanos. Cano retrató la paradoja del sistema: “a los niños que cumplen siete años sí les quitan productos en el mismo mes de su cumpleaños. Pero no hacen lo mismo para entregar beneficios a los que cumplen 65 años”.
El caso de Cano no es aislado, sino un reflejo de la rigidez del sistema burocrático cubano. Mientras tanto, miles de jubilados enfrentan obstáculos similares, obligados a esperar meses por productos esenciales que deberían recibir y que algún burócrata de seguro se lo roba.
La falta de flexibilidad en el sistema de distribución genera críticas constantes, pues no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también pone de relieve la desconexión entre las políticas y las necesidades reales de la población.
