El estado de Florida retiró 176 licencias de conducir a camioneros durante un operativo de cuatro días en carreteras, en el que se inspeccionaron unos 3.300 conductores o vehículos comerciales.
Según las autoridades, se detectaron 54 casos de “deficiencias lingüísticas”, además de 42 remisiones por presuntas infracciones migratorias. La acción, presentada como Operación Escudo de Carreteras, fue ejecutada de forma conjunta por agencias estatales y federales, entre ellas FDLE, Florida Highway Patrol, FMCSA, ICE, DHS y CBP.
De acuerdo con el comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley, Mark Glass, durante la inspección también hubo 35 detenciones penales.
El funcionario afirmó que algunas de las licencias encontradas, incluidas licencias CDL emitidas en otros estados, presentaban irregularidades graves, hasta el punto de aparecer sin nombre de pila o con fórmulas como “sin nombre” o “nombre no registrado”.
Esa situación, sostuvo, colocaba en las carreteras a personas sin identificación completa al volante de vehículos comerciales.
La salida de circulación de conductores por problemas con el idioma tiene respaldo normativo claro en la legislación vigente. Florida incorpora a su esquema de fiscalización las normas federales de seguridad para el transporte comercial por medio de la sección 316.302 de sus estatutos.
Dentro de ese marco, el reglamento federal 49 CFR § 391.11(b)(2) exige que el chofer comercial pueda leer y hablar inglés en un nivel suficiente para conversar con el público, comprender señales de tránsito, responder preguntas de las autoridades y completar reportes.
Desde el 25 de junio de 2025, las violaciones a ese requisito volvieron a incluirse en los criterios de out-of-service, es decir, de retiro inmediato de circulación. Bajo esa normativa, la inmovilización de un camionero que no cumpla el estándar lingüístico encaja con las reglas hoy vigentes y no depende de una interpretación improvisada por parte de las autoridades floridanas.
El frente migratorio, sin embargo, tiene un alcance distinto. Florida no creó con una ley vigente un delito estatal autónomo por el simple hecho de ser indocumentado y conducir un camión comercial.
Lo que sí existe es un marco de cooperación obligatoria con el gobierno federal en materia migratoria. El capítulo 908 de los estatutos de Florida declara que es interés del estado colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración, prohíbe políticas santuario y exige a las agencias estatales y locales hacer sus mejores esfuerzos para apoyar ese trabajo.
Ese mismo marco permite el intercambio de información sobre estatus migratorio con agencias federales y exige acuerdos 287(g) para sheriffs o responsables de centros de detención condales.
Por eso, una remisión a ICE sí tiene apoyo legal. Esa remisión no equivale por sí sola a una condena penal ni a una deportación automática. El operativo puede facilitar la intervención migratoria federal, pero no sustituye el proceso que corresponde a las autoridades de inmigración.
Florida prohíbe emitir licencias o identificaciones a personas no autorizadas y considera inválidas dentro del estado ciertas licencias expedidas por otras jurisdicciones exclusivamente para personas sin prueba de presencia legal.
La reacción en redes sociales mostró una división marcada. Algunos comentarios respaldaron el operativo y defendieron la aplicación estricta de la ley.
Otros cuestionaron que el inglés sea el centro real de la medida y advirtieron que durante años han existido camioneros con expedientes limpios que no dominan ese idioma.
También hubo mensajes que pidieron no detener a personas sin antecedentes solo por tener formularios como I-220A o CBP One, y voces que llamaron incluso a frenar las cargas hacia Florida como protesta. Todo ello reflejó el nerviosismo que el operativo ha generado entre choferes migrantes y parte del sector del transporte.
Esto no es más que un modo mas del racismo que se vive en esta presidencia y sus gobernadores republicanos. 176 personas que dejan de mantener sus hogares y estoy seguro que muchos llevaban años manejando rastras. 176 personas que ahora tienen que ponerse a inventar como llevar la comida a sus casas y que es probable algunos caigan en hechos delictivos.
Esto no es más que un modo mas del racismo que se vive en esta presidencia y sus gobernadores republicanos. 176 personas que dejan de mantener sus hogares y estoy seguro que muchos llevaban años manejando restras. 176 personas que ahora tienen que ponerse a inventar como llevar la comida a sus casas y que es probable algunos caigan en hechos delictivos.