El parque de casas móviles Silver Court, ubicado en 3170 SW 8th Street, Miami, enfrenta el desalojo de más de 200 familias.
La notificación, entregada el 11 de marzo por parte de la empresa The Urban Group, que representa al propietario, ha encendido las protestas de los residentes, la mayoría latinos, entre ellos numerosos cubanos.
Estos residentes, en su mayoría adultos mayores y jubilados, se ven amenazados por la pérdida de su hogar en un contexto de altos precios de la vivienda y una oferta limitada en el sur de Florida.
Los residentes del parque han expresado su temor de no encontrar una alternativa asequible en un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible. De las 283 familias notificadas sobre el cierre, se estima que hay 204 tráileres en el área.
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La empresa encargada del proceso, The Urban Group, ha ofrecido a los residentes un incentivo económico de hasta 10 mil dólares si aceptan mudarse antes del 31 de mayo.
Sin embargo, los residentes consideran que esta cifra es insuficiente para cubrir los altos costos de alquileres, depósitos y mudanzas en Miami-Dade. A pesar de que se les ha dado hasta el 30 de septiembre para abandonar sus hogares, el dinero ofrecido no parece suficiente para enfrentar la nueva realidad económica de los afectados.
Desde el punto de vista del propietario, representado por el abogado Jorge Piedra, el cierre del parque responde a problemas de infraestructura. Según Piedra, las casas móviles están en mal estado y representan un peligro para los residentes.
Alega que el propietario del terreno donde están ubicadas las casas móviles, que pagan una mensualidad, tiene el derecho legal de cambiar el uso del terreno de acuerdo con la normativa estatal, lo que justificaría el desalojo.
El problema es que con el paso de las décadas esas casas móviles ya no lo son y se han ido expandiendo. Los inquilinos han construido cuartos y baños adicionales que ya no pueden mover.
Los residentes, por su parte, temen que el caso de Silver Court se convierta en una repetición de lo sucedido en el parque Little Abner, donde muchas familias perdieron su patrimonio.
Para evitar una situación similar, los afectados han formado una asociación vecinal de emergencia y han recurrido al abogado Jaime Glover para presentar una demanda judicial que busca más tiempo para reubicarse y una compensación justa que les permita rehacer sus vidas en otro lugar.
Este caso deja una lección importante para aquellos que consideren comprar o alquilar un tráiler en el sur de Florida: revisar minuciosamente los contratos y las condiciones del terreno es fundamental. En este tipo de propiedades, la estabilidad del hogar no siempre depende de la vivienda en sí, sino del futuro legal del terreno donde está instalada.
