La jueza federal Kathleen Williams emitió una orden temporal que detiene por un periodo de 14 días cualquier nueva construcción en el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades.
La orden se produce mientras los abogados discuten si las actividades de construcción violan las leyes ambientales. Al pronunciar su fallo, la magistrada explicó que la restricción era necesaria debido a la falta de garantías mientras se resuelve el litigio sobre el futuro del centro.
“Por todas estas razones y toda la evidencia en el expediente, y porque no hay garantías mientras litigamos este asunto tan importante… voy a emitir esta tarde una orden escrita de restricción temporal”, expresó la jueza.
La orden prohíbe actividades como el relleno de terreno, la pavimentación, la instalación de nueva infraestructura y la colocación de luminarias adicionales en el sitio. No obstante, se aclaró que la restricción no afecta las actividades relacionadas con inmigración dentro del centro de detención.
En el marco de esta decisión, grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han solicitado la emisión de una orden preliminar para detener las operaciones y la construcción de manera permanente.
Los demandantes argumentan que el proyecto amenaza humedales sensibles que albergan plantas y animales protegidos, y podría deshacer miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Extrabajadora denuncia la existencia de condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz
Además del conflicto por el impacto ambiental, el centro de detención migratoria también se encuentra bajo polémica por las denuncias de pésimas condiciones en sus instalaciones y maltrato a migrantes recluidos en ellas.
Lindsey, una extrabajadora del centro de detención, ofreció un testimonio exclusivo a Telemundo 51 sobre las condiciones de vida y trabajo dentro de las instalaciones. Lindsey, quien prefirió no revelar su apellido por razones de privacidad, trabajó en el centro desde el 6 de julio como oficial de correcciones para la empresa GardaWorld Federal Services.
Según su testimonio, las instalaciones eran inadecuadas y peligrosas tanto para los detenidos como para el personal. “Las condiciones eran miserables. Vivíamos en remolques compartidos, con baños portátiles, sin agua caliente la mayor parte del tiempo. Además, los baños se atascaron por la cantidad de personas que los usaban”, explicó Lindsey.
La exempleada describió el hacinamiento extremo en el centro, donde las tiendas de campaña contenían entre 35 y 38 internos. Esto generaba condiciones insostenibles, con cerca de 300 detenidos en cada espacio.
Además, el testimonio señaló la falta de luz solar, las duchas irregulares y la constante humedad debido a la ubicación en una zona pantanosa, lo que agravaba la presencia de mosquitos.
Asimismo, mencionó que no todos los detenidos tenían antecedentes penales, destacando que, según un informe de Human Rights Watch, casi el 72% de los detenidos por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tenían antecedentes criminales.
Lindsey, quien fue despedida tras contagiarse de COVID-19, afirmó que no recibió el pago por su trabajo y que fue acusada de “alterar documentos médicos presentados a la empresa”, algo que ella negó rotundamente.
