Una jueza de inmigración ordenó la liberación de Bruna Caroline Ferreira, una migrante de origen brasileño que tiene vínculo familiar con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Ferreira fue detenida hace unas semanas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Revere, Massachusetts, tras exceder el tiempo de su visa de turista, la cual expiró en junio de 1999.
La mujer mantuvo una relación con el hermano de Leavitt, identificado como Michael, y es madre de un niño de 11 años, que actualmente se encuentra bajo la custodia del padre.
El abogado de la migrante, Todd Pomerleau, explicó que su clienta está en proceso de obtener la residencia permanente y que previamente estuvo amparada bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Según Pomerleau, Ferreira no tiene antecedentes delictivos que justifiquen una detención prolongada y no representa un riesgo de fuga. ICE justificó la detención al señalar que ella había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista B2, la cual exigía su salida del país en 1999.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también alegó que la sudamericana tenía un antecedente de agresión, lo que contribuyó a su clasificación como prioridad para la deportación.
El abogado de Ferreira argumentó que su clienta había llegado a EEUU siendo niña, en 1998, y que había intentado construir una vida estable en el país. La familia de Ferreira ha iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos a favor de la arrestada.
Ferreira podría perder su estatus si se confirma que cometió un crimen, según indicó Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional. La liberación de la brasileña sería una excepción en un contexto de políticas migratorias cada vez más estrictas.
Deportan por error a un migrante guatemalteco que tenía protección legal
Faustino Pablo, un migrante guatemalteco que llegó al país norteño en 2012 para escapar de la violencia en su país, fue deportado por ICE a pesar de contar con una orden judicial de “prohibición de remoción”.
Este fallo, que se ejecutó en noviembre durante una cita rutinaria con la agencia, resultó ser ilegal, ya que Pablo tenía una protección legal activa bajo el sistema de asilo estadounidense, la cual lo amparaba contra la expulsión debido a los peligros que enfrentaba en Guatemala.
A pesar de este estatus, los agentes de ICE ignoraron su situación y lo deportaron en un vuelo directo a Tegucigalpa, Honduras. Este acto fue calificado como una violación grave de sus derechos por el DHS, que reconoció el error ante una corte federal en Houston.
El juez David Guaderrama, encargado del caso, dictó que Pablo debía ser repatriado a EEUU antes del 12 de diciembre para que pudiera continuar con su trámite de asilo.
