Rafael A. Ramírez Acosta fue destituido como intendente del municipio Venezuela, en Ciego de Ávila, tras detectarse irregularidades administrativas relacionadas con la soberanía alimentaria y la gestión de una cooperativa. La decisión fue aprobada el miércoles 11 de noviembre de 2026 durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, según informó el periódico oficialista Invasor en Facebook.
La publicación atribuye la sustitución a tres problemas concretos: errores en la comisión municipal de Soberanía Alimentaria, deficiencias en el proceso de constitución de la Cooperativa de Crédito y Servicios El Fortín y modificaciones irregulares de su objeto social. No se divulgaron pérdidas económicas ni posibles responsabilidades penales.
¿Qué irregularidades provocaron la destitución del intendente?
El primer señalamiento está relacionado con la constitución y funcionamiento de la comisión encargada de coordinar las políticas locales de soberanía alimentaria. Se trata de una estructura relevante para impulsar la producción y disponibilidad de alimentos en el municipio.
Las autoridades también cuestionaron el procedimiento de aprobación y creación de la cooperativa El Fortín. Sin embargo, no explicaron qué normas fueron incumplidas ni quiénes participaron en las decisiones administrativas señaladas.
El tercer problema corresponde a la modificación del objeto social de esa entidad, que establece las actividades económicas autorizadas. Tampoco se aclaró si los cambios permitieron desarrollar operaciones ajenas a sus funciones originales.
Falta de transparencia sobre las responsabilidades
Aunque el Gobierno municipal identificó tres irregularidades, la información difundida no incluye auditorías, documentos administrativos ni una evaluación del posible perjuicio ocasionado. Esa ausencia limita la posibilidad de conocer el alcance de lo sucedido.
Por ahora, tampoco se ha confirmado la apertura de investigaciones penales contra Ramírez Acosta. Las deficiencias administrativas comunicadas no permiten concluir que existieran actos de corrupción o desvío de recursos.
El caso genera nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión del régimen cubano, especialmente en entidades relacionadas con la producción alimentaria, uno de los sectores más afectados por la crisis económica nacional.
Tres funcionarios dejan sus cargos en pocos días
La destitución coincide con la salida de Jorge Enrique Sutil Sarabia, quien abandonó la gobernación de Camagüey el martes 10 de noviembre después de reconocer errores en el ejercicio de sus funciones. La Presidencia cubana aceptó oficialmente su renuncia.
Sin embargo, el periodista independiente José Luis Tan Estrada aseguró que el exgobernador fue apartado tras investigaciones sobre presunto desvío de combustible y recursos públicos. Como informó Periódico Cubano, las denuncias también mencionan supuestos beneficios a negocios privados. Estas acusaciones no han sido demostradas judicialmente.
La gobernadora de Las Tunas, Yelenys Tornet Menéndez, también dejó su cargo alegando motivos familiares. Su salida ocurrió en medio de indicadores económicos negativos, con más de 34.000 personas identificadas en situación de vulnerabilidad.
Los tres relevos tienen explicaciones oficiales diferentes, pero su proximidad temporal vuelve a poner bajo escrutinio la administración territorial cubana. Mientras las autoridades anuncian sustituciones, persisten interrogantes sobre la transparencia de las decisiones, la supervisión de los recursos estatales y la rendición de cuentas ante la población.
