El dirigente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que el capitalismo en la Isla es una pantalla y que las transformaciones económicas que impulsa su gobierno no significarán una apertura política en la Isla.
Un día después de afirmar que “respeta la voluntad de los cubanos” y atribuirles el deseo de defender el sistema socialista, el gobernante dejó claro que el Partido Comunista mantendrá su condición de única fuerza política permitida.
La declaración ocurrió durante un encuentro con representantes de partidos comunistas y obreros, donde Díaz-Canel explicó que La Habana busca introducir cambios en la economía sin modificar la estructura de poder.
Según su planteamiento, el objetivo es permitir nuevas formas de propiedad y gestión, pero siempre bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba.
Díaz-Canel resumió los límites de ese proceso al señalar: “es un proceso para dinamizar la economía, no para instaurar el capitalismo”. También aseguró que “no habrá privatización a ultranza” y que “los medios fundamentales de producción continúan en manos del pueblo”.
Sin embargo, la principal definición de su discurso fue política. El gobernante defendió expresamente la permanencia del partido único.
“El Partido seguirá como celoso guardián de los intereses del pueblo, de la clase obrera, de las conquistas sociales y de la justicia social que ha movido a la Revolución desde sus inicios”, declaró.
Díaz-Canel fue todavía más directo al explicar que el Partido Comunista conservará su posición exclusiva, negando que se trate de una élite a pesar de todas las pruebas de lujos y abusos de poder que acumula el régimen.
“No es ni será un partido de élites, ni de lobbies. Su rol de Partido único le impone ser cada vez más democrático y representativo […] sin perder jamás la brújula en el pueblo, la Revolución y el socialismo”, agregó.
La afirmación resulta relevante porque llegó apenas un día después de que el propio mandatario hablara de respetar la voluntad de los cubanos y presentara esa voluntad como una decisión colectiva de defender la Revolución.
Ahora dejó claro que esa supuesta voluntad no podrá expresarse mediante una competencia entre diferentes partidos.
El modelo económico, en cambio, sí está experimentando cambios. El Gobierno ha anunciado 176 medidas destinadas a aumentar la participación privada, atraer inversiones y otorgar mayor autonomía a determinados actores económicos.
Entre las propuestas aparecen nuevas formas empresariales, mayor presencia de capital privado y mecanismos que acercan algunas actividades al funcionamiento de una economía de mercado.
Díaz-Canel reconoció que empresas estatales y privadas deberán participar conjuntamente en la economía. “Hacerlo será tarea de todos, de la empresa estatal y la no estatal, junto a otras formas de gestión de la economía que en su conjunto conforman el entramado empresarial cubano”, afirmó.
Pero también estableció el límite político de esa apertura. Según el gobernante, todos esos actores deberán trabajar con un objetivo común: “Enfocados en un fin único: construir el socialismo próspero y sostenible que merece el heroico pueblo cubano”.
La diferencia entre ambos procesos queda así definida. El Gobierno está dispuesto a modificar reglas económicas que durante décadas restringieron la iniciativa privada, pero no contempla hacer lo mismo con el sistema político.
La paradoja es que mecanismos vinculados al mercado y la propiedad privada pueden ganar espacio porque el Estado necesita inversión, producción y capital para enfrentar la crisis económica. La competencia política, en cambio, permanece fuera de las reformas.
Díaz-Canel volvió a justificar esa estructura al decir que la respuesta del pueblo ocurre “bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba”.
Con ello, la apertura económica queda subordinada a una estructura política que no contempla alternancia ni competencia electoral entre diferentes fuerzas.
Así, la definición del Gobierno es clara: puede haber más empresas privadas, inversión y mecanismos de mercado, pero no habrá pluripartidismo, lo que se suponía desde que el propio Díaz-Canel confesó que la aprobación de las reformas se retrasó por ser una amenaza para el régimen.
