Recientemente, el periódico oficialista Sierra Maestra publicó un artículo en el que se invita a los consumidores de Santiago de Cuba a recoger rápidamente sus productos en las bodegas para evitar robos futuros.
Sin embargo, la propuesta parece desviar la atención de la verdadera causa del problema: la negligencia del gobierno y la falta de recursos para garantizar la seguridad de los bienes en estos establecimientos.
El artículo cuenta la historia de una persona que, tras enterarse de que habían robado en su bodega, lamenta la pérdida de los productos, especialmente el arroz que no había retirado a tiempo.
La Empresa de Comercio, en un intento por excusar la situación, ha afirmado que no existe presupuesto para reponer los productos robados. Esta justificación no hace más que evidenciar la falta de previsión y de inversión en infraestructura básica para evitar este tipo de incidentes. En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por culpar a la población, sugiriendo que los consumidores deben ser más diligentes al recoger sus mandados.
Este tipo de narrativa, que pretende hacer recaer la culpa en la comunidad, no solo es injusta, sino también una estrategia de evasión por parte de las autoridades. La realidad es que los robos no son producto de la irresponsabilidad de los ciudadanos, sino de un sistema que ha fallado en garantizar la seguridad en las bodegas y en ofrecer los recursos necesarios para mantenerlas protegidas.
Es inadmisible que el gobierno pretenda que la población sea responsable de la vigilancia de estos bienes, mientras sus instituciones se desentienden de la falta de custodios y de los recursos para prevenir el crimen.
El artículo de Sierra Maestra también menciona la importancia de que los consumidores actúen rápidamente y utilicen plataformas electrónicas para el pago, sugiriendo que estos cambios podrían mejorar la situación.
Sin embargo, esto no es más que una respuesta superficial que no aborda las causas profundas del problema. El hecho de que las bodegas carezcan de medidas de seguridad eficaces y que el gobierno no garantice la reposición de los productos robados es un reflejo claro de la falta de acción ante una crisis que afecta a la población más vulnerable.
Es fundamental que la responsabilidad de los robos no se traslade a los ciudadanos, sino que recaiga sobre un sistema que ha sido incapaz de asegurar el bienestar de la población. Las autoridades deben asumir su parte y tomar medidas concretas para mejorar la seguridad en las bodegas, en lugar de culpar a los consumidores por la falta de protección en los establecimientos.
La verdadera solución pasa por un cambio estructural donde el pueblo cubano pueda tener suficiente capacidad adquisitiva para ir a comprar alimentos a supermercados administrados por el sector privado.
La libre competencia mantendría los precios estables y la eliminación de la racionalización de alimentos acabaría con el sufrimiento del pueblo. Pero nada de eso se puede lograr bajo el régimen comunista.
