El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) hizo pública una denuncia sobre el caso de Julio César Duque de Estrada Ferrer, un cubano de 55 años que permanece privado de libertad desde el 5 de septiembre de 2024, acusado de varios delitos tras registrar en video una fila de personas que aguardaban para comprar gas licuado en Santiago de Cuba.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, Duque de Estrada fue interceptado por el oficial de contrainteligencia, Mario Raciel Soulary Garcés, quien le ordenó suspender la filmación y entregar su teléfono móvil. Según la versión oficial, aunque inicialmente bajó el dispositivo, el ciudadano se negó a guardarlo y adoptó una actitud violenta que derivó en un forcejeo.
El fiscal asegura que Duque de Estrada llegó a abofetear al agente antes de lanzar el teléfono al suelo, siendo reducido con un alambre hasta que llegaron refuerzos policiales.
Sin embargo, el OCDH sostiene que estos hechos han sido tergiversados y que, en realidad, el oficial le arrebató el teléfono de forma agresiva sin que mediara provocación. Para la organización, este proceder evidencia un patrón de represión que criminaliza a quienes deciden documentar situaciones de interés público, como las dificultades cotidianas de la población.
Lo que resulta especialmente preocupante es que el Ministerio Público solicita una condena conjunta de cinco años y medio de prisión, así como la suspensión de derechos civiles y políticos y la prohibición de salir del territorio nacional. El organismo defensor de los derechos humanos considera que se trata de una medida desproporcionada que pretende enviar un mensaje de intimidación a otros ciudadanos.
En la acusación formal se incluyen como pruebas la declaración del propio imputado, informes sobre la supuesta agresión sufrida por el oficial, un dictamen pericial psiquiátrico-forense y el testimonio de un testigo, Antonio Fernández Leyva, que habría presenciado parte de los hechos. En el expediente se menciona que Duque de Estrada no tiene antecedentes penales, no pertenecía a organizaciones políticas ni sociales y había manifestado opiniones contrarias al proceso revolucionario.
“Rechazamos de manera enérgica esta actuación arbitraria de la policía política y la manipulación de figuras delictivas para reprimir a un ciudadano que únicamente ejercía su derecho a informar”, expresó el OCDH en un comunicado. La entidad recordó que la grabación de hechos en espacios públicos es un derecho legítimo y que castigarla con penas tan severas es una muestra de la voluntad de silenciar cualquier testimonio sobre la crisis económica y social que vive Cuba.
El Observatorio exigió que las autoridades revisen de inmediato el proceso judicial y liberen sin condiciones a Julio César Duque de Estrada Ferrer. Además, reclamó que se ponga fin a las prácticas de hostigamiento y se garantice el respeto a las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el acceso a un proceso con las debidas garantías legales.
Mientras tanto, el acusado continúa en prisión provisional, a la espera de un juicio que muchos consideran carente de fundamentos sólidos y marcado por motivaciones políticas. Duque de Estrada Ferrer es padre del prisionero político Dairon Duque Estrada Aguilera, quien está en prisión por manifestarse en contra del régimen el 11 de julio de 2021.
