La Fiscalía cubana solicitó formalmente una pena de hasta cuatro años de privación de la libertad, que puede ser sustituido por trabajo correccional sin internamiento, para la intelectual y activista Alina Bárbara López Hernández.
A través de su cuenta de Facebook, la académica también reveló que dicho órgano solicitó tres años de prisión para la historiadora Jenny Victoria Pantoja Torres, cuya sanción igualmente puede ser sustituida por trabajo correccional sin internamiento.
Ambas acusadas enfrentan este proceso por los delitos de desacato, desobediencia y atentado, tras un incidente ocurrido en junio de 2024, cuando se dirigían a una manifestación pacífica en La Habana.
La petición se presentó ante el Tribunal Municipal Popular de Matanzas, luego de casi un año de demora. El caso ha sido ampliamente cuestionado por organismos defensores de derechos humanos, que denuncian motivaciones políticas detrás del proceso judicial.
El expediente fiscal, redactado con notorias deficiencias y errores, describe a las acusadas como autoras de una agresión contra agentes del orden, mientras minimiza el carácter político de su detención.
López Hernández y Pantoja Torres niegan tajantemente los hechos narrados, asegurando que fueron víctimas de una violenta detención y posterior abuso físico por parte de oficiales del Ministerio del Interior.
Según la profesora, la oficial denunciante posee entrenamiento en artes marciales y fue apoyada por varios agentes durante la detención. Ambas mujeres fueron conducidas a dependencias policiales por separado, y sus declaraciones coincidentes refutan las versiones oficiales.
“Nosotras fuimos las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. Aquel día temí por mi vida, pues la oficial que nos acusa es un ser violento, con enorme fuerza física y preparación como judoca, que contó además con la ayuda de varios policías hombres. Todavía sufro las secuelas de los golpes y torceduras en cuello y cabeza, de lo que derivó una laberintitis postraumática diagnosticada por un neurocirujano en el hospital provincial de Matanzas”, dice la denunciante.
La laberintitis postraumática es una inflamación o daño del laberinto, una estructura del oído interno responsable del equilibrio y la audición, que ocurre como consecuencia de un traumatismo físico, generalmente en la cabeza o el cuello.
La acusación evita referirse a la verdadera causa de su detención: la participación en una manifestación pacífica, derecho reconocido por la constitución cubana. En cambio, se intenta reducir el hecho a una “trifulca incidental”, un patrón ya utilizado por el Estado para evadir la figura de preso político.
La Fiscalía reclama además que ambas imputadas paguen sumas equivalentes a 650 y 5,000 CUP en concepto de reparación por presuntos daños a la ropa y las extensiones capilares de una oficial.
López Hernández denunció que el juicio aún no tiene fecha definida y que su verdadero trasfondo es político. “En Cuba, se aprobó una Constitución que reconoce derechos, pero bajo un sistema que no los respeta. Esa contradicción se sienta ahora en el banquillo de los acusados”, afirmó.
Ambas imputadas aseguran que emitirán en los próximos días una declaración pública sobre la postura que asumirán ante esta ofensiva judicial. Mientras tanto, solicitan apoyo y visibilidad internacional frente a un proceso que consideran bochornoso y arbitrario.
