Dan Stein el presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) pidió explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para que aclare cómo se investigará a los patrocinadores del parole humanitario tras el anuncio del reinicio del programa.
“El plan de reinicio no aborda cómo planean investigar a cada patrocinador, mientras mantienen un programa que permite que 30.000 inmigrantes ilegales por mes ingresen a los Estados Unidos”, señaló Stein tras acusar falta de claridad en los nuevos procedimientos para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití lleguen a Estados Unidos.
Tras la pausa en el parole que se produjo por la identificación de fraudes e inconsistencias, el DHS se comprometió a desarrollar una investigación adicional a todos los patrocinadores que sometan el formulario I-134A en favor de los posibles beneficiarios de la visa humanitaria.
Entre las nuevas medidas se encuentran un mayor escrutinio de los registros financieros, antecedentes penales y la identificación de perfiles fraudulentos de patrocinadores. En este último caso, se requerirá la toma de huellas dactilares. Sin embargo, FAIR continúa escéptica sobre la eficacia de estas medidas, especialmente en lo que respecta a la revisión de procesos pasados.
Stein declaró que la dependencia responsable de la Seguridad Nacional “solo ofreció garantías muy vagas de que habían solucionado los problemas”.
El comunicado de la FAIR recuerda que el propio “DHS ha admitido públicamente que el programa había permitido que cientos de miles de inmigrantes ilegales de estos cuatro países ingresaran a los EEUU sin procesos adecuados, establecidos para investigar a las personas en libertad condicional o sus patrocinadores”
“Además, el DHS no ha dado ninguna indicación de que vayan a investigar el fraude pasado o tomar medidas para revocar los estados de libertad condicional de quienes lo obtuvieron de manera fraudulenta”, señaló la nota publicada por FAIR.
La presión sobre el DHS no solo proviene de FAIR, sino también de 21 estados republicanos que todavía mantienen una demanda judicial contra el parole, pues argumentan que Joe Biden se extralimitó en sus poderes y utilizó una acción ejecutiva en lugar de pasar la política migratoria por el Congreso, donde los republicanos son mayoría.
Hasta julio, más de 106.000 cubanos se habían beneficiado del programa de parole, de los cuales 104.130 ya habían viajado a Estados Unidos. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo se manejará el fraude descubierto en el programa preocupa tanto a los beneficiarios como a los futuros solicitantes.
