
Además de las 20 horas diarias de apagones a las que el pueblo cubano está sometido, en Santiago de Cuba hay otra crisis que suma molestias. En pleno verano, con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, la ciudad atraviesa una escasez crónica de agua potable.
La ausencia de lluvia y graves deficiencias en la infraestructura del acueducto impide que el servicio llegue a las viviendas conectadas de forma regular. En los últimos días, se ha documentado la sequía en fuentes vitales como el embalse Charco Mono, que está completamente seco, y el sistema de Gota Blanca, que dejó de aportar agua el 7 de julio.
Estas dificultades han sido exacerbadas por el insuficiente suministro de combustibles y la falta de energía. Ante la situación aparecen quienes, haciendo uso de los medios estatales, venden una pipa de agua hasta por 25.000 pesos cubanos (CUP), alrededor de 50 USD en el mercado informal.
Las publicaciones en redes sociales reflejan la desesperación e indignación de los santiagueros ante los precios del agua potable. Quienes no tienen más opción que pagar estas cantidades para garantizar el acceso al líquido vital culpan al régimen por otra calamidad más.
En redes sociales proliferan los anuncios de abasto de agua. Los precios varían según la capacidad del vehículo, cisterna y la disponibilidad, generando una competencia feroz por obtener las pocas pipas que circulan por la ciudad. Incluso algunos aprovechan el caos para vender hielo. Ahí se ofertan dos necesidades: el agua y la energía eléctrica para generar el hielo.
Algunos usuarios acusan a funcionarios de la Empresa Aguas Santiago de estar involucrados en una red de corrupción, vendiendo las pipas de agua.
Mientras unos pueden pagar por el agua, muchos santiagueros no tienen esa posibilidad. Personas como Maritania Lemes, una maestra de 58 años, sobreviven gracias a la solidaridad de sus vecinos, pero esta situación no es sostenible. “Me baño una sola vez al día, y trato de ahorrar lo más que puedo”, asegura Lemes, quien describe cómo ha tenido que cambiar su rutina diaria para hacer frente a la crisis.
A pesar de la crítica situación, el gobierno local autorizó la realización del carnaval del 23 al 27 de julio. La decisión ha generado indignación, ya que, mientras la población sufre por la escasez de agua, se destinaron recursos a una fiesta que algunos consideran innecesaria. Esto ha abierto un debate sobre las prioridades del gobierno en medio de una crisis sanitaria y social.