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Piden revisar todas las ciudadanías de EEUU obtenidas desde 1990: ¿qué deben saber los cubanos?

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Fine expresó una posición política, pero no anunció una ley, una orden administrativa ni un procedimiento federal (Foto © Periódico Cubano)

Un congresista republicano de Florida ha planteado revisar todas las ciudadanías estadounidenses obtenidas por naturalización desde 1990, una propuesta que abarcaría 36 años de expedientes migratorios y podría involucrar a numerosos cubanos residentes en Estados Unidos.

La iniciativa fue defendida el lunes 26 de octubre por Randy Fine, miembro de la Cámara de Representantes, durante una entrevista con NewsNation. El legislador sostuvo que las autoridades deberían examinar los procedimientos de naturalización para detectar posibles fraudes y retirar la ciudadanía a quienes la hubieran conseguido mediante engaños.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: no se ha aprobado ninguna revisión general de ciudadanías desde 1990. Fine expresó una posición política, pero no anunció una ley, una orden administrativa ni un procedimiento federal que ponga en marcha semejante operación.

Randy Fine quiere revisar todas las naturalizaciones desde 1990

La propuesta surgió cuando la periodista Nichole Berlie preguntó al congresista por sus acusaciones contra Ilhan Omar, representante demócrata por Minnesota, cuya ciudadanía estadounidense ha cuestionado públicamente.

Según la entrevista recogida por el medio estadounidense Mediaite, Fine afirmó que deberían remontarse a 1990 y reevaluar a todas las personas que se convirtieron en ciudadanos naturalizados.

El legislador justificó su planteamiento alegando que existen numerosos casos de fraude en Minnesota y señaló a Omar como una de las primeras personas cuyos expedientes deberían examinarse. Sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades generalizadas fueron presentadas como acusaciones del congresista, no como hechos demostrados.

La conversación tomó un giro cuando la presentadora le preguntó si aplicaría ese mismo criterio a personas cercanas a Donald Trump, entre ellas la primera dama Melania Trump y el empresario Elon Musk, quienes también obtuvieron la ciudadanía mediante naturalización.

Fine respondió que desconocía las circunstancias de ambos procesos migratorios y que no tenía conocimiento de acusaciones contra ellos. No obstante, defendió que cualquiera que hubiera mentido para conseguir la ciudadanía debería perderla y enfrentar una eventual deportación.

Sus palabras no constituyen una acusación de fraude contra Melania Trump ni contra Musk. Tampoco significan que las autoridades hayan abierto procedimientos para retirarles la nacionalidad.

¿Pueden perder la ciudadanía los cubanos naturalizados después de 1990?

El planteamiento afecta potencialmente a una comunidad particularmente numerosa en Florida, donde varias generaciones de inmigrantes cubanos han obtenido la nacionalidad estadounidense después de cumplir los requisitos migratorios.

Pero haberse naturalizado después de 1990 no constituye una causa legal para perder la ciudadanía. Tampoco lo es haber nacido en Cuba o haber conseguido la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.

El artículo 1451 del Título 8 del Código de Estados Unidos permite revocar una naturalización cuando se demuestra que fue obtenida ilegalmente, mediante el ocultamiento de hechos relevantes o declaraciones falsas deliberadas.

Para retirar la ciudadanía mediante un procedimiento civil, el Gobierno debe acudir a un tribunal federal y demostrar que existen fundamentos legales suficientes. Una denuncia, una sospecha o la apertura de una investigación no cancelan automáticamente la nacionalidad.

Además, no todos los errores cometidos al completar documentos migratorios equivalen a fraude. En los casos basados en declaraciones falsas u ocultamiento, resulta esencial determinar su carácter deliberado y su relevancia para la concesión de la ciudadanía.

La retirada judicial de la nacionalidad y la deportación tampoco son procedimientos idénticos. Una persona desnaturalizada podría enfrentar posteriormente consecuencias migratorias, incluida una eventual expulsión, según sus circunstancias y las disposiciones legales aplicables.

Una cubana ya perdió su ciudadanía mientras EEUU intensifica las investigaciones

Aunque la revisión general propuesta por Fine no está en marcha, el Departamento de Justicia sí desarrolla una campaña de desnaturalización que ha alcanzado a ciudadanos de origen cubano.

El 21 de octubre, las autoridades federales confirmaron que un tribunal retiró la ciudadanía a Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana naturalizada en 2015. La sentencia fue emitida el 14 de octubre por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

Según el Departamento de Justicia, Acosta Torres había ocultado durante su naturalización su participación en una conspiración para lavar dinero procedente de un fraude contra un casino. En 2020 fue condenada por ese delito. Posteriormente, el tribunal determinó que había obtenido ilegalmente la ciudadanía y ordenó revocarla.

El caso representa un avance respecto a las investigaciones contra cubanos naturalizados documentadas anteriormente, pues ya no se trata únicamente de una demanda pendiente, sino de una decisión judicial.

Por otra parte, el 5 de octubre el Departamento de Justicia anunció 40 nuevas acciones civiles para revocar naturalizaciones, presentadas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre.

Entre los demandados aparecen Javier Marrero Pando y Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, dos cubanos cuyos procesos judiciales para retirarles la ciudadanía fueron dados a conocer anteriormente. En esos casos, la presentación de las demandas no equivale a una sentencia de desnaturalización.

El escenario refleja dos situaciones distintas: por una parte, un congresista reclama ampliar extraordinariamente la revisión de expedientes; por otra, las autoridades ya utilizan los mecanismos judiciales existentes para perseguir naturalizaciones presuntamente fraudulentas.

Para los cubanos que obtuvieron legalmente su ciudadanía, las declaraciones de Fine no establecen nuevos requisitos ni implican una pérdida automática de derechos. Cualquier cambio hacia una revisión general tendría que concretarse en actuaciones oficiales, algo que no se ha confirmado hasta ahora.

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