La experta cubana en extranjería y migración, Estela Marina Pérez Cabrera, quien reside en España desde hace varias décadas, ha presentado una propuesta legal destinada a acelerar los trámites de nacionalidad española en el Consulado de España en La Habana.
Esta propuesta surge como respuesta a las demoras evidentes en los procesos, especialmente tras la reciente aplicación de la Ley de Memoria Democrática (2022-2025), que ha generado una avalancha de solicitudes en la sede diplomática.
Desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica en 2007, muchos cubanos adquirieron la nacionalidad española, pero algunos vieron cómo sus trámites se prolongaron por más de una década. Ahora, con la nueva legislación, se temen aún más retrasos, debido a la sobrecarga en el Consulado. Ante esta situación, Pérez Cabrera plantea una vía alternativa que podría aliviar el atasco administrativo.
Vía judicial como solución ante la inacción administrativa
Uno de los aspectos centrales de la estrategia propuesta es la posibilidad de interponer una demanda por inactividad administrativa. Según la ley española, cuando la Administración no responde dentro del plazo legal establecido, se considera que ha habido inactividad, lo que vulnera el derecho de los solicitantes a obtener una respuesta conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015.
Pérez Cabrera explica que, al no recibir una respuesta en el plazo adecuado, los solicitantes pueden presentar un recurso ante la Audiencia Nacional, órgano competente para tratar este tipo de casos. De esta manera, se obliga a la Administración a mover los expedientes y evitar más demoras, lo que resulta en un avance para aquellos atrapados en el limbo administrativo.
El impulso judicial: la única vía para desbloquear casos
El procedimiento judicial propuesto se divide en dos etapas principales: la solicitud de medidas cautelares y la demanda principal por daños y perjuicios. En primer lugar, se solicita una medida cautelar al Consulado para que se emitan las credenciales necesarias y los solicitantes puedan presentar su documentación, desbloqueando así el proceso.
En la segunda etapa, se reclaman los daños y perjuicios causados por la paralización del expediente, tales como la pérdida de oportunidades laborales y personales para los solicitantes y sus familias. La experta explica que la finalidad de este recurso no es complicar el proceso, sino proteger los derechos de los cubanos y acelerar la resolución de los trámites, forzando a la Administración a cumplir con sus responsabilidades.
El retraso en la tramitación de la nacionalidad española no solo genera inconvenientes administrativos, sino también un desgaste emocional y económico significativo. Las familias que han esperado años por una respuesta se encuentran atrapadas en una incertidumbre constante que afecta sus planes de vida.
Desde la perspectiva de Pérez Cabrera, no se trata solo de un retraso en los papeles, sino de un freno al desarrollo personal, profesional y familiar de los solicitantes. Por ello cree que muchos estarían dispuestos a pagar lo que cuesta poner en marcha la estrategia judicial en España para acelerar su trámite de nacionalidad española y con ello poder salir de Cuba legalmente cuanto antes.
Pérez Cabrera subraya que el sistema está colapsado y que quienes actúan para acelerar su expediente a través de la vía judicial tienen más posibilidades de avanzar que quienes siguen esperando sin tomar medidas. “El sistema está colapsado, pero la vía judicial sí avanza, sí obliga a la administración y sí genera resultados”, enfatiza.
La experta en inmigración y extranjería lanza una invitación a aquellos cubanos que se sienten atrapados por la parálisis administrativa a no resignarse a la espera. En ese sentido, recuerda que, mientras algunos seguirán esperando otros 20 años, aquellos que actúen hoy podrán comenzar a recuperar su tiempo.
“La vía judicial no es un capricho, es la única alternativa real en este momento para defender tus derechos y recuperar tu tiempo”, concluye.
