A través de un operativo, agentes de la Policía de Bolivia y funcionarios de la Fiscalía allanaron varias viviendas en busca de Juan Ramón Quintana, quien llegó a ser embajador de ese país en Cuba, cuando Evo Morales se encontraba en el poder.
Según Infobae, el también exministro se encuentra en la clandestinidad desde que es investigado por su presunta participación en los bloqueos de rutas llevados a cabo entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre por simpatizantes del líder cocalero.
El coronel Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, confirmó que el procedimiento responde a una investigación abierta contra Quintana por los delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
Las autoridades han realizado allanamientos desde el pasado miércoles en el barrio de Sopocachi, en La Paz, donde Quintana tiene propiedades, así como en domicilios de Cochabamba y Santa Cruz.
Desde la clandestinidad, Quintana advirtió en un video que “no será presa fácil” para las autoridades, e instó a sus seguidores a continuar la lucha en defensa de sus derechos y libertades. Asimismo, criticó al gobierno de Luis Arce, calificándolo de “terrorismo de Estado” y de ejercer un poder “arbitrario y antidemocrático”.
Quintana, exmilitar y sociólogo, fue figura polémica cuando se desempeñaba como ministro de la presidencia de Morales. Él llegó a expresar desafiantes discursos contra la oposición al gobierno del socialista.
Los bloqueos, organizados por sectores afines a Morales y el referido sujeto, generaron pérdidas económicas de 2,200 millones de dólares, según la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
Además, provocaron escasez de combustible y dejaron a cientos de personas varadas en los piquetes. Si bien la protesta inició como un respaldo a Morales, pronto sumó demandas económicas y políticas, entre ellas la provisión de dólares, la habilitación del exmandatario para las elecciones de 2025 y el reconocimiento de un Congreso partidario a su liderazgo.
Por su parte, el expresidente, quien enfrenta acusaciones por un presunto abuso de menores, ha denunciado públicamente que es víctima de una “brutal guerra jurídica” orquestada por el gobierno de Arce.
La fiscal Sandra Gutiérrez presentó una imputación formal contra el exmandatario por los presuntos delitos de estupro y trata de personas, en un caso que lo acusa de haber tenido un hijo con una menor de edad.
En su cuenta de X, el exmandatario aseguró que los procesos en su contra buscan eliminarlo políticamente y que responden a intereses externos. A principios de noviembre, un tribunal constitucional bloqueó de manera definitiva la posibilidad de que él pudiera ser otra vez candidato presidencial.
