
Las posibles consecuencias de la orden ejecutiva 1404 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, motivaron a las navieras internacionales Hapag-Lloyd y CMA CGM a dejar de aceptar nuevos pedidos vinculados a Cuba, informó EFE.
Fuentes del sector marítimo confirmaron a la agencia que ambas compañías congelaron, al menos de manera temporal, el registro de reservas de espacio para el transporte de mercancías hacia Cuba.
La decisión evidencia el temor de empresas internacionales a quedar expuestas a sanciones estadounidenses, especialmente cuando sus operaciones puedan estar relacionadas directa o indirectamente con entidades controladas por el aparato militar cubano.
En el caso de Hapag-Lloyd, con sede en Alemania y presencia en 140 países, la compañía decretó un stop booking, una suspensión en la admisión de nuevas solicitudes de transporte. La medida habría comenzado el pasado miércoles y se extendería, al menos, hasta el 5 de junio.
Esa fecha coincide con el plazo fijado por Washington para que las empresas con negocios en Cuba relacionados con el conglomerado empresarial militar GAESA abandonen sus actividades. Esta agrupación controla sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos hoteles, comercio exterior, logística y áreas vinculadas a infraestructuras clave.
Respecto a CMA CGM, establecida en Francia, la agencia periodística indicó que la empresa aún no habría recibido instrucciones claras, aunque fuentes del sector señalaron que su sistema operativo no estaría aceptando nuevas reservas vinculadas con la Isla.
Ninguna de las dos navieras tiene presencia física en Cuba, pero ambas operan cargas hacia ese destino mediante agentes. Portavoces de estas compañías no han querido dar una explicación oficial al respecto.
La paralización temporal de reservas ocurre en un contexto de creciente incertidumbre legal. Esta misma semana, la compañía estadounidense Crowley Maritime Corporation alcanzó un acuerdo confidencial para cerrar una demanda presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, relacionada con operaciones comerciales en el puerto del Mariel.
El litigio contra Crowley estaba centrado en el uso comercial de esa terminal, ubicada al oeste de La Habana y administrada por GAESA mediante entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Demandas similares han sostenido que actividades logísticas y marítimas en el Mariel constituyen aprovechamiento económico de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959.
La Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo por Trump, amenaza con congelar activos en territorio estadounidense de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el régimen cubano, así como de quienes le hayan brindado apoyo financiero, material o tecnológico.
El impacto ya se extiende a otros sectores. La canadiense Sherritt International Corporation suspendió su participación directa en empresas conjuntas cubanas, pese a ser uno de los mayores inversionistas extranjeros en la Isla.
El economista Ricardo Torres advirtió a Diario de Cuba que Sherritt representaba entre el 70% y el 75% de la producción cubana de níquel, una de las principales fuentes de exportación del país.