Corresponsales de los principales medios de comunicación internacionales desmontaron este jueves las versiones oficiales de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la gestión gubernamental tras el doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026.
Durante una tensa rueda de prensa en Caracas, los comunicadores confrontaron a la mandataria interina con testimonios del terreno que contradicen el supuesto despliegue inmediato de ayuda estatal.
Rodríguez recurrió a descalificaciones, negó la lentitud de los operativos en las primeras horas de la catástrofe y culpó a supuestos laboratorios mediáticos por el colapso logístico en el estado La Guaira, una postura que los reporteros rebatieron con datos de la zona cero.
La cumbre con los medios extranjeros expuso las profundas contradicciones entre el discurso del palacio de Miraflores y la realidad que afrontan los sobrevivientes en el litoral central venezolano.
Los periodistas cuestionaron con severidad la inacción inicial del funcionariado público, la falta de herramientas básicas para el registro de fallecidos y la ausencia de maquinaria pesada durante el primer día del desastre.
La funcionaria rechazó los señalamientos de abandono institucional y justificó los retrasos mediante el bloqueo físico de las autopistas de acceso debido al desprendimiento de escombros.
La comparecencia evidenció el quiebre de la narrativa gubernamental cuando los corresponsales indicaron que la población civil visualiza a las patrullas del ejército portando armamento de guerra en lugar de herramientas de salvamento urbano.
Rodríguez, flanqueada por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, elevó el tono de sus declaraciones para tildar de miserables a los sectores políticos que critican el accionar castrense. El Ejecutivo defendió la ocupación de las arterias viales como una medida necesaria de orden público.
“La primera decisión ese día fue militarizar el Estado de La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos… imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”, aseveró Rodríguez ante las preguntas de las agencias internacionales.
La mandataria interina insistió en que las plataformas digitales coordinaron una campaña de desinformación bajo la consigna de movilizar voluntarios civiles hacia las playas para generar un congestionamiento vehicular premeditado. Los reporteros en el terreno constataron que los atascos respondieron a la desesperación espontánea de las familias.
Los representantes de la prensa global increparon también a la dirigente oficialista sobre la existencia de morgues improvisadas a cielo abierto y la escasez de fosas disponibles en los camposantos de la región central.
Diversas denuncias de organizaciones no gubernamentales demuestran que los parientes de los desaparecidos deambulan por las morgues sin obtener registros impresos ni asesoría legal. La presidenta encargada desestimó los reportes independientes sobre entierros colectivos sin control e intentó validar la efectividad de las instituciones estatales.
“Nadie va a fosa común”, zanjó Rodríguez en referencia a las investigaciones periodísticas que alertan sobre el colapso de las redes de sanidad pública. El Ejecutivo venezolano sostiene que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) ejecuta un estricto cotejo de huellas dactilares y registros odontológicos para cada cuerpo recuperado de los edificios destruidos. Los familiares de las víctimas desmienten la regularidad de estos protocolos forenses debido a la falta de material básico de oficina en los centros de acopio de cadáveres.
La mandataria interina detalló una cronología oficial en la que sitúa el inicio de la cooperación internacional apenas tres horas después del primer movimiento telúrico. Según sus datos, el Estado Mayor de emergencia ordenó la distribución de camas clínicas y fondos de contingencia antes del amanecer del 24 de junio. La versión contrasta con los reportes de las juntas vecinales de Caraballeda, donde las primeras cuadrillas de ayuda humanitaria independiente tardaron hasta 48 horas en ingresar debido a la ausencia de directrices ministeriales claras.
Las estadísticas de movilización provistas por el gobierno central muestran un incremento en el número de efectivos civiles y militares, al pasar de 4,000 funcionarios en el primer día a 19,000 al cumplirse una semana del evento sísmico.
La prensa internacional recalcó que el grueso de este contingente realiza tareas secundarias como la dirección del tráfico automotor y la recolección de desechos sólidos. Los civiles en las comunidades afectadas asumen las labores de remoción manual de concreto ante la insuficiencia de personal técnico estatal.
“¿Quién ha rescatado, quién te da comida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, replicó de forma airada Rodríguez al intentar desarmar las críticas sobre la inoperatividad de los batallones de infantería.
La funcionaria emplazó a los corresponsales extranjeros a visitar los hospitales militares de campaña para entrevistar únicamente a los ciudadanos agradecidos por las raciones alimentarias. Los comunicadores mantuvieron su criterio de noticiabilidad al reportar los abucheos vecinales sufridos por las comitivas oficiales en Catia La Mar.
El gremio de periodistas venezolanos, que conmemoró su día nacional el pasado 27 de junio bajo el impacto de la emergencia sísmica, enfoca sus labores en documentar las fallas de infraestructura estructural.
Los corresponsales de las cadenas internacionales sirvieron como canal de denuncia para evidenciar el desabastecimiento crónico de insumos médicos en las zonas de asistencia provisional. El careo periodístico en la capital dejó al descubierto ante la opinión pública mundial la falta de preparación gubernamental frente a contingencias geológicas de gran escala.
La ausencia de carriles exclusivos de circulación para las ambulancias y las brigadas de rescatistas de Chile, Inglaterra y Estados Unidos sigue entorpeciendo el traslado de pacientes críticos hacia la capital.
Los expertos internacionales en gestión de desastres urgen al Ministerio del Interior a levantar el cerco militar en La Guaira para agilizar el ingreso de los suministros de las Naciones Unidas. Los colectivos ciudadanos exigen la creación de un comité civil independiente de supervisión humanitaria.
Las próximas jornadas definirán la continuidad de los rastreos de sobrevivientes antes del vencimiento de los plazos biológicos de resistencia.
La diáspora venezolana en el exterior y las comunidades latinoamericanas validaron el desempeño de los reporteros extranjeros al desmontar el discurso triunfalista del oficialismo. Mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en perseguir supuestas matrices de opinión, los residentes de Playa Grande organizan redes autónomas de seguridad para proteger los bienes recuperados de las ruinas.
