Preparan en Cuba una nueva ley para regular a los medios de prensa

La consulta sobre el anteproyecto finalizará en septiembre, pero aún se desconoce el proceso previo a su aprobación. (Foto: Periódico Cubano)

Después de años en los que el gremio ha abogado por una ley de prensa que los represente y ampare, el gobierno de la Isla presentó este martes un anteproyecto, cuyo único resultado es condicionar los medios para «los fines de la sociedad socialista».

La nueva ley de Comunicación Social se encuentra aún en su fase previa, pero según anunciaron las autoridades del régimen, se trata de un documento para «fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba». Lo que vendría a traducirse como: nadie dice ni hace nada que exponga su decadencia.

Tal y como era de esperar, el anteproyecto no reconoce a ninguno de los medios independientes del país, los cuales operan desde un vacío legal, así que tampoco serán incluidos en el material legislativo final.

Según publicó el diario oficialista Granma, iniciará un «proceso de consultas especializadas» en el que se busca favorecer «el conocimiento y estudio de la población al respecto de esta norma».

Para la misma se ha establecido una dirección electrónica, junto a “números de teléfonos y otros canales, a través de las redes sociales, en muchos medios de comunicación, en organizaciones e instituciones del país», afirmó el rotativo.

Aunque la norma está firmada desde el 15 de abril de este año, no ha sido hasta un día después del primer aniversario del 11J que las autoridades la hacen pública. Y es que, a pesar de ser presentada como el mecanismo regulador de los contenidos de prensa dentro del país, igualmente expresa que «la libertad de prensa constituye un derecho de las personas», pero que este se ejecuta solamente «según los fines de la sociedad socialista».

Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y uno de los miembros de la comisión redactora del documento, ha destacado que lo más importante de esta consulta será «poder recoger los criterios de los ciudadanos, quienes constituyen el núcleo de todos los procesos comunicacionales que la norma describe».

Cualquiera pensaría que lo más importante debería ser consultar a los propios periodistas que trabajan en los medios oficiales, que se enfrentan a diario a la propia censura del sistema y a más de un gerente o administrativo que se niega a dar declaraciones ante determinadas preguntas incómodas porque de “eso no se puede hablar”.

Según explicó Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, la consulta debe finalizar durante el mes de septiembre, pero no ofreció detalles sobre el proceso previo a su aprobación.

El dirigente, más preocupado por su estatus que por la opinión de sus trabajadores, ha calificado este anteproyecto «inédito, robusto y como una oportunidad para educar al público en materia de comunicación».

Entre lo estipulado por la ley se incluye una regulación que restringe el empleo de contenidos «para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho».

Evidentemente, será una nueva mordaza que ata, legalmente, a quienes intenten dentro de la Isla, cuestionar la política y decisiones del régimen y no de una norma que favorezca de manera alguna la realización del periodismo comprometido con la verdad.