El Tribunal de la provincia de Sancti Spíritus dictó prisión provisional para una mujer identificada como Lizandra, acusada de presuntos maltratos físicos contra sus tres hijos menores y su madre anciana.
La medida cautelar se produce tras una fuerte indignación ciudadana ante la posibilidad inicial de que la imputada permaneciera en libertad bajo fianza. El caso cobró relevancia nacional luego de que el activista Guillermo Rodríguez Sánchez denunciara en redes sociales la gravedad de las agresiones.
Según el reporte, el hijo menor de la acusada, de solo tres años, presenta huellas visibles de golpes en el rostro producto de castigos físicos sistemáticos. Testigos presenciales y vecinos del edificio de la acusada describieron una situación de violencia continua.
Rodríguez Sánchez enfatizó que no se trataba de incidentes aislados o correctivos ocasionales, sino de golpizas constantes que ponían en riesgo la integridad física y psicológica de los menores.
La violencia de la procesada se extendía también hacia su propia madre. Los relatos vecinales indican que la mujer agredía de forma “salvaje” a la anciana, quien convivía en el mismo domicilio bajo un entorno de hostilidad recurrente.
El arresto definitivo ocurrió tras un episodio reciente de extrema agresividad. Testigos aseguraron que la mujer atacó al niño de tres años con violencia desmedida, lo que obligó a la intervención inmediata de los vecinos y, posteriormente, de los agentes policiales.
A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades inicialmente fijaron una fianza de 50.000 pesos cubanos para permitir su liberación hasta el juicio. Esta decisión generó una ola de críticas en plataformas digitales, donde activistas exigieron una actuación judicial más severa y protectora.
La presión ejercida en redes sociales resultó determinante para el cambio de postura del tribunal. Finalmente, las autoridades revocaron la fianza y dispusieron la detención total de la imputada para garantizar la seguridad de las víctimas durante el proceso legal.
Rodríguez Sánchez confirmó que el cambio de medida cautelar respondió directamente a la visibilidad del caso. El activista lamentó que la justicia dependiera de la exposición pública y no de la aplicación automática de los protocolos de protección vigentes.
Según la denuncia, la mujer ya contaba con antecedentes por conductas similares. En ocasiones anteriores, la Policía la citó y detuvo por periodos breves, pero tras ser liberada regresaba a la vivienda y reanudaba los ciclos de maltrato.
Este suceso se suma a una serie de denuncias de abuso infantil reportadas en diversas provincias del país durante los últimos meses. La reiteración de estos hechos ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los menores en el entorno doméstico.
Analistas señalan que este caso evidencia una brecha entre la legislación actual y su implementación. Aunque el Código de las Familias de 2022 introdujo reformas para proteger a los sectores vulnerables, la respuesta institucional suele ser lenta o ineficaz.
La comunidad de Sancti Spíritus permanece atenta al desarrollo del juicio. Mientras tanto, los tres menores y la abuela se encuentran bajo custodia y supervisión para evitar nuevas agresiones por parte de la acusada.
