Los rumores sobre la supuesta muerte de Raúl Castro expresados a principios de este mes reabrieron el debate sobre qué pasaría con las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos si ocurriera un eventual fallecimiento del expresidente cubano.
El hermano del fallecido dictador Fidel Castro actualmente enfrenta cargos por el derribo de dos avionetas de la organización de Hermanos al Rescate en 1996, cuyo saldo fue el fallecimiento de tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente, todos de origen cubano.
A causa de esto, el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) le emitió acusaciones por los delitos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro acusaciones de asesinato, una por cada víctima.
¿Qué pasará con este proceso si ocurre el deceso del expresidente? ¿Podrá continuar el proceso judicial en su contra? El Diario de Cuba presentó un análisis sobre cuál sería el camino a seguir en caso de este escenario.
Si Raúl Castro muriera antes de comparecer ante un tribunal estadounidense, desaparecería la posibilidad de juzgarlo penalmente y obtener una condena, incluso si los cargos permanecieran vigentes en los registros judiciales.
Aunque algunos delitos graves en EEUU pueden tener periodos de prescripción prolongados, la muerte del acusado impide continuar un proceso penal porque la responsabilidad criminal es personal y no puede trasladarse a otra persona.
Además, no podría ser juzgado en ausencia bajo el sistema judicial estadounidense. Otro de los interrogantes surgidos tras los rumores fue si los descendientes del menor de los hermanos Castro podrían enfrentar consecuencias judiciales por las acusaciones existentes contra él.
Los delitos penales no se heredan. Los familiares solo podrían ser procesados si existieran pruebas de que ellos mismos participaron en hechos delictivos. Ser hijo, nieto o descendiente de una persona acusada de crímenes no constituye una responsabilidad penal.
¿Cuál es la opción?
El cierre de la vía criminal no significa necesariamente que desaparezcan todas las posibles acciones legales relacionadas con daños económicos. La muerte del acusado no elimina automáticamente la posibilidad de reclamaciones civiles.
Una demanda por daños puede continuar contra el patrimonio de una persona fallecida siempre que cumpla con los requisitos legales correspondientes, como jurisdicción, legitimación de los demandantes y cumplimiento de los plazos establecidos.
Esto significa que una eventual muerte de Castro podría impedir una condena penal, pero no necesariamente evitar una reclamación económica contra los bienes que formen parte de su herencia.
En Florida, el sistema sucesorio contempla procedimientos para presentar reclamaciones contra la herencia por daños derivados de actos ilícitos cometidos por una persona fallecida.
Antes de distribuir los bienes entre los herederos, deben determinarse las obligaciones pendientes del patrimonio. Por ello, los descendientes no recibirían automáticamente todos los bienes sin considerar posibles reclamaciones legales.
Los herederos no responderían con sus propiedades personales por las obligaciones del fallecido, pero la herencia sí podría verse afectada antes de su reparto.
El origen de los bienes de Raúl Castro bajo análisis
Un eventual proceso civil también podría abrir interrogantes sobre el origen del patrimonio acumulado. Una investigación tendría que determinar qué bienes pertenecían realmente al exgobernante, cómo fueron adquiridos, cuáles fueron sus ingresos legales y si existieron propiedades obtenidas mediante terceros o mecanismos irregulares.
El análisis resulta especialmente complejo debido a que durante décadas el sistema cubano restringió la propiedad privada y estableció que los altos funcionarios del Estado recibían salarios oficiales.
El artículo 192 del Código Penal cubano sanciona a la autoridad o funcionario que incremente su patrimonio o el de terceros de manera desproporcionada respecto a sus ingresos legales sin poder justificar el origen lícito de esos bienes.
Una norma similar existía en el antiguo Código Penal, mediante el artículo 150 de la Ley 62 de 1987. Por ello, una eventual revisión patrimonial tendría que determinar si los bienes atribuidos a Castro tienen un origen legítimo o si podrían estar relacionados con actos ilícitos.
La herencia no convierte bienes ilegales en legítimos
El hecho de que un patrimonio pase a los descendientes no elimina automáticamente cuestionamientos sobre su origen. Según los principios sucesorios, antes de establecer qué corresponde a cada heredero, debe determinarse qué bienes pertenecían realmente al fallecido.
Si existieran propiedades pertenecientes al Estado, obtenidas mediante actos inválidos o sujetas a procesos de recuperación, podrían existir fundamentos legales para cuestionar su inclusión dentro de una herencia.
Además, si una investigación determinara que determinados activos provienen de corrupción, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, podrían activarse mecanismos de recuperación patrimonial.
En Cuba, el Tribunal Supremo Popular emitió en 2026 la Instrucción 290 sobre comiso y confiscación de bienes, relacionada con la recuperación de activos. La normativa contempla la posibilidad de afectar bienes provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas, así como activos vinculados a esas conductas bajo determinadas condiciones.
