La abogada experta en temas de inmigración, Claudia Cañizares, explicó cuál sería el panorama legal de los miles de cubanos con el formulario I-220A en Estados Unidos si en Cuba ocurre una transición democrática.
El formulario I-220A es un documento emitido por ICE a migrantes cubanos que fueron detenidos tras ingresar a EEUU y luego liberados bajo supervisión mientras continúan sus procesos migratorios.
Aunque les permite permanecer temporalmente en territorio estadounidense y cumplir con citas ante las autoridades, no equivale a una residencia y tampoco concede estatus legal permanente.
El análisis compartido a través de su cuenta de TikTok llega en un momento en que la administración Donald Trump ha ampliado sanciones contra sectores claves del gobierno cubano y además mantiene la retórica de “tomar Cuba”.
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Según Cañizares, el primer impacto recaería sobre los procesos de asilo político. Si un solicitante basa su caso en persecución por parte del actual gobierno cubano y ese gobierno deja de existir, el argumento central del asilo podría perder fuerza.
La letrada explicó que, bajo esa hipótesis, las autoridades migratorias podrían considerar que ya no existe el régimen que generaba el temor de persecución, ni tampoco el riesgo de un encarcelamiento al volver a la Isla.
El segundo efecto estaría relacionado con la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966 y utilizada durante décadas como vía de regularización para ciudadanos cubanos en Estados Unidos. USCIS mantiene información específica para cubanos que buscan la residencia permanente bajo esa legislación, aunque la elegibilidad depende de varios requisitos migratorios.
Cañizares recordó que la Ley de Ajuste Cubano tiene una cláusula de derogación condicionada. Documentos oficiales del gobierno estadounidense señalan que la norma quedaría derogada solo cuando el presidente determine, bajo la Ley Helms-Burton, que existe en Cuba un gobierno democráticamente elegido.
La abogada aconsejó a los cubanos con I-220A aplicar cuanto antes a la residencia permanente si tienen una base legal para hacerlo. Su argumento es que una solicitud pendiente podría ofrecer protección si en el futuro se elimina la Ley de Ajuste Cubano.
Para quienes mantienen un asilo pendiente, la jurista sugirió evaluar alternativas con un abogado, como peticiones familiares, cierres administrativos u otros recursos migratorios disponibles según cada expediente. También pidió no entrar en pánico, pero sí actuar con planificación ante un escenario político que podría modificar reglas históricas para los cubanos.
El formulario I-220A ha sido entregado a cientos de miles de cubanos liberados bajo supervisión tras ingresar a territorio estadounidense, sobre todo por la frontera sur desde 2021.
La situación de estos migrantes sigue en disputa judicial. En febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito anuló decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración en casos vinculados al I-220A y ordenó nuevas revisiones administrativas, lo que abrió una vía de esperanza, pero no resolvió de forma general el limbo legal.
