Un grupo de abogados cubanos trabaja en la redacción de una ley destinada a establecer las reglas para una eventual transición política en Cuba tras el fin del régimen comunista, informó Martí Noticias.
El proyecto, vinculado al Acuerdo de Liberación, contempla la creación de un gobierno provisional con duración limitada, garantías para la propiedad privada, apertura a la inversión extranjera y mecanismos para distribuir ayuda humanitaria durante el periodo de cambio.
Respecto a la implementación de un sistema democrático, el abogado cubano nacionalizado chileno Mijail Bonito, uno de los redactores de la iniciativa, explicó que unas elecciones libres podrían ocurrir en un periodo de entre tres y cinco años.
“El objetivo es normar un proceso de transición en Cuba”, explicó Bonito, garantizando una forma de gobierno que impulse el desarrollo económico, además de reconocer derechos fundamentales y garantizar la implementación de nuevas reglas institucionales.
Según el jurista, el principio central del proyecto es que “el Estado está al servicio de las personas y no al revés”, una visión que busca modificar la relación entre ciudadanos e instituciones tras más de seis décadas de gobierno comunista.
Propiedad privada e inversión extranjera como pilares económicos
Uno de los principales componentes de la propuesta está relacionado con la reorganización económica de Cuba. El texto incluiría garantías para la propiedad privada y aplicaría el principio de trato nacional, un estándar internacional que establece condiciones similares para inversionistas nacionales y extranjeros.
Bonito aseguró que la iniciativa busca que los cubanos conozcan “qué se puede hacer, cómo crece la economía” y tengan reconocimiento legal de la propiedad privada como un derecho.
El proyecto también contempla establecer condiciones para la llegada de capital extranjero y crear un marco jurídico que permita reconstruir sectores afectados por décadas de control estatal y falta de inversiones.
Además, la normativa incluiría mecanismos para gestionar la asistencia humanitaria durante una etapa de transición. El objetivo sería definir procedimientos para que los recursos lleguen a la población de manera rápida y eficiente.
El proyecto forma parte del Acuerdo de Liberación
La iniciativa legal surge del Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo de 2026 en Miami por las coaliciones Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Ese documento plantea un proceso dividido en tres etapas: liberación, estabilización y reconstrucción, y democratización. Entre sus objetivos se incluyen el desmantelamiento de las estructuras del Partido Comunista de Cuba, la eliminación de mecanismos represivos, la desmilitarización de la vida pública y la creación de un gobierno provisional.
El plan también contempla comisiones de trabajo enfocadas en áreas como emergencia humanitaria, seguridad, recuperación económica, salud, educación, justicia, reforma constitucional y reunificación del exilio.
En junio, el Acuerdo de Liberación y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA) anunciaron una alianza para elaborar normas jurídicas de transición y sumar especialistas de la diáspora.
“Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática antes, incluso, de que cambie el régimen”, afirmó entonces Rosa María Payá, coordinadora del acuerdo.
No sería el primer intento del exilio cubano de elaborar una propuesta legal para una etapa posterior al castrismo. El presidente de CABA, Jordi Martínez-Cid, recordó que la organización ya había trabajado hace más de 15 años en un proyecto de ley de transición junto a grupos opositores y miembros de la diáspora.
El Acuerdo de Liberación también recibió respaldo institucional europeo. El Parlamento Europeo aprobó en junio una resolución sobre la situación política y humanitaria en Cuba en la que mencionó una hoja de ruta presentada por más de 50 organizaciones opositoras y de la sociedad civil.
