El gobernador de la provincia cubana de Las Tunas, Jaime Ernesto Chiang Vega, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el régimen de La Habana, mientras que el vicegobernador fue suspendido, según informó la prensa oficialista en una noticia que intentó pasar desapercibida en medio del colapso del sistema eléctrico y el paso del huracán Oscar.
Las causas señaladas para la renuncia y la suspensión se atribuyen a “errores cometidos en el ejercicio de sus responsabilidades”, eufemismos que se utilizan cada vez que ocurren sonados casos de corrupción como el cometido hace poco tiempo por el gobernador de Cienfuegos y el propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
En el caso de Las Tunas, el gobernador, quien había ocupado el cargo desde 2020, fue sustituido de inmediato por otro dirigente castrista nombrado de forma provisional, mientras que el vicegobernador enfrenta un proceso de revocación que fue iniciado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
La decisión de apartar a los principales líderes provinciales de Las Tunas se produce en un contexto de creciente descontento social debido a la crisis energética. Sin embargo, la falta de transparencia del gobierno cubano en cuanto a los motivos detrás de estas acciones ha provocado especulaciones.
La estructura de gobierno en Cuba implica que los cargos de gobernador y vicegobernador no son elegidos por el pueblo, sino designados por el presidente de la República, que a su vez es el primer secretario del Partido Comunista (PCC). Esta relación estrecha con el régimen les otorga un alto grado de protección frente a acusaciones públicas, lo que ha alimentado las sospechas de que estas renuncias buscan ocultar irregularidades mayores.
En las calles de Las Tunas, los rumores y la incertidumbre prevalecen. Diversos testimonios sugieren que las autoridades cubanas estarían ocultando detalles significativos sobre los motivos reales detrás de la salida de los funcionarios. Según varias fuentes locales, los involucrados habrían sido arrestados días antes de que se anunciara la noticia, lo que indicaría que la renuncia y suspensión no fueron decisiones voluntarias, sino medidas forzadas para manejar un escándalo más amplio.
Algunos residentes en la mencionada provincia oriental afirman que el gobernador y el vicegobernador estaban relacionados con casos de corrupción y malversación de fondos, especialmente en negocios con Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), lo cual habría desencadenado las investigaciones y detenciones. La información de que ambos funcionarios vivían en condiciones privilegiadas, mientras la mayoría de la población sufría las consecuencias de la crisis económica, refuerza la percepción de que el gobierno cubano no está dispuesto a reconocer el alcance de los problemas internos.
Los comentarios sobre la situación en Puerto Padre y otras áreas de Las Tunas pintan un cuadro desolador: centros públicos en ruinas, ancianos buscando alimentos en la basura y un zoológico en condiciones deplorables debido al abandono. Esto resalta el contraste entre la vida de lujo que llevaban algunos funcionarios y la realidad cotidiana de la población, lo que ha incrementado el descontento y las sospechas de corrupción sistemática en el gobierno local.
Al gobierno cubano no deben permitir su participación en la cumbre de los Brics, porque de participar y convertirse en un miembro más, éste grupo peligra, porque inmediatamente el gobierno cubano comienza a pedir prestado y como todo el mundo sabe ese gobierno NO PAGA