Los abogados de inmigración Juan Carlos Pontón y Ana B. Fernández, de la firma Pontón y Fernández, compartieron con Periódico Cubano su opinión sobre los argumentos orales ante la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito que escuchó el caso de los cubanos con I-220A que se les niega el derecho de aplicar a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, pues ese formulario no es considerado un parole.
¿Dónde sería vinculante la posible decisión favorable?
La decisión de este tribunal podría establecer un precedente vinculante, afectando directamente a los migrantes cubanos en los estados de Florida, Georgia y Alabama. En el centro de la discusión, se encuentra el derecho de los cubanos liberados bajo el I-220A a solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, tras reconocerse que ese formulario sí es un parole.
“Todavía no hay una decisión, pero después de haber como los jueces reaccionaron ante la postura tan contradictoria del gobierno, tenemos esperanza de que el fallo sea favorable”, dijeron los abogados de inmigración.
El caso, presentado por el abogado Mark Prada, se basa en la interpretación de la sección B de la ley de inmigración, que establece que las personas procesadas bajo esta sección deben ser liberadas bajo parole humanitario. Sin embargo, muchos cubanos han sido liberados con el formulario I-220A bajo la sección 236, lo que genera confusión sobre si su liberación debe considerarse como un parole por operación de ley, como estipula la legislación.
Jueces parecieron comprender los argumento de la demanda de los cubanos
Uno de los puntos clave de la audiencia fue la postura contradictoria del gobierno de Estados Unidos, representado por su abogado. Aunque el gobierno reconoce que las personas liberadas bajo la sección B deben recibir parole humanitario, no quiere admitir que los liberados con el I-220A ya han recibido este beneficio legal, aunque haya sido mal documentado. Los jueces cuestionaron este punto durante la audiencia, demostrando que comprendían las implicaciones de la situación.
Durante la audiencia, los jueces utilizaron una metáfora esclarecedora para explicar la contradicción del gobierno: no se puede “tener el pastel y comérselo también”. Si la ley establece que la única forma de liberar a una persona procesada bajo la sección B es mediante un parole humanitario, y esta persona fue liberada, entonces su liberación debe considerarse como un parole por operación de ley, lo que la hace elegible para la residencia (Green card) bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Una decisión favorable de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito no solo aclararía la situación jurídica de miles de cubanos, sino que también establecería un precedente vinculante que beneficiaría a decenas de miles de personas con el I-220A.
Esto les permitiría acceder a la residencia permanente, estabilidad familiar y mejores oportunidades laborales. Además, pondría fin al limbo legal creado por un error administrativo, otorgando a muchos la tranquilidad de regularizar su situación en Estados Unidos.
La audiencia dejó en claro que los jueces comprenden la lógica detrás de los argumentos presentados, lo que alimenta la esperanza de que el fallo sea favorable y que finalmente se haga justicia para miles de cubanos que han estado esperando una solución.
Una decisión favorable de la Corte, que aún no tiene programada una fecha para emitirla, cambiaría la vida de miles de cubanos que se encuentran actualmente en una situación de incertidumbre legal.
Anabel Fernández y Juan Carlos Pazmino Ponton son abogados expertos en inmigración, cuyo bufete Ponton Law, P.A.está ubicado en 1082 Bloomingdale Ave, Suite A, Valrico, FL, EEUU. Para consultas, puedes contactarlos al +1 813-291-3755 o enviar un correo electrónico a infolegal@ponton-law.com. Para más información, visita su página de contacto en ponton-law.com/contact-us.
