El expresidente de Cuba, Raúl Castro, enfrenta un nuevo proceso judicial en territorio estadounidense, luego de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciara cargos estatales contra el comunista por el delito de conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionado con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Bajo el marco penal ordinario de Florida, el artículo 777.04 clasifica la conspiración para cometer un delito capital como un delito grave de primer grado. Esa distinción resulta esencial para entender las posibles sanciones: la acusación por acordar un asesinato tiene una clasificación penal diferente a la del homicidio consumado.
Por lo tanto, para esa acusación se establece una pena ordinaria máxima de 30 años de cárcel. Ese límite no representa una sentencia obligatoria ni anticipa una decisión judicial. Una eventual condena dependería de los hechos probados, las reglas de imposición de penas y las disposiciones aplicables al expediente.
A la prisión podría sumarse una multa. El artículo 775.083 fija un máximo general de 10.000 dólares para esta categoría delictiva, aunque permite cantidades superiores en determinados supuestos relacionados con las ganancias obtenidas por el responsable o las pérdidas económicas sufridas por las víctimas.
También existe una precisión necesaria: los hechos investigados ocurrieron en 1996. Para determinar la exposición penal exacta, habría que examinar la acusación completa y las normas aplicables a aquella fecha, además de cualquier disposición que pudiera modificar la sanción. En la década de los noventa, el marco legal estatutario en Florida para la conspiración para cometer homicidio en primer grado era esencialmente el mismo que el actual.
Anuncio de los cargos en la Universidad Internacional de Florida
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció los cargos durante una rueda de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Allí sostuvo que el derribo respondió a una operación deliberada y atribuyó a Castro, entonces jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, la orden final para destruir las aeronaves.
Una jueza de Miami ya había firmado una orden de arresto sin derecho a fianza. Según los documentos obtenidos por el Herald/Times, Ariana Fajardo Orshan, magistrada principal del 11.º Circuito Judicial, consideró suficientes los indicios presentados tras las pesquisas del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.
La investigación sostiene que agentes infiltrados operaron desde los Cayos hasta Miami, recopilaron información sobre Hermanos al Rescate y la enviaron a las autoridades cubanas. La fiscalía vincula esas actividades con la preparación del ataque y las presenta como fundamento territorial del caso estatal.
Esta actuación es distinta de los cargos federales presentados en mayo. El fiscal agradeció el apoyo del FBI, mientras Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, respaldó el procesamiento paralelo. Ambos expedientes podrían derivar en procedimientos separados.
Uthmeier defendió la utilidad de actuar aunque Castro permanezca en Cuba y aseguró que aprovecharán cualquier oportunidad para llevarlo ante una corte. También sostuvo que las órdenes de arresto lo exponen a una detención si viaja al extranjero.
El ataque del 24 de febrero de 1996 mató a Armando Alejandre, Mario de la Peña, Pablo Morales y Carlos Costa: tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal. Ellos volaban con el fin de dar asistencia a los balseros cubanos en el estrecho de Florida.
