Un proyecto que prometía llevar a Cuba uno de los mayores cargamentos de combustible procedentes de Estados Unidos en más de seis décadas terminó desmoronándose en cuestión de días. La pregunta, meses después, sigue siendo inevitable: ¿quién frenó realmente el acuerdo?
La respuesta no apunta a una sola persona. Una reconstrucción de los acontecimientos muestra una combinación de obstáculos regulatorios, decisiones del gobierno de Donald Trump y presión política en el sur de Florida que terminó haciendo prácticamente inviable la operación de Vanguard Energy.
La empresa de Coral Gables había diseñado un esquema para transportar gasolina y diésel en buques cisterna, almacenarlos dentro de Cuba y venderlos exclusivamente a clientes autorizados, principalmente negocios privados, organizaciones religiosas, entidades humanitarias y representaciones diplomáticas.
El acuerdo que prometía llevar 250.000 barriles de combustible a Cuba
El plan salió a la luz a comienzos de junio. Como Periódico Cubano informó entonces, Vanguard Energy había llegado a un acuerdo con una agencia importadora cubana para utilizar instalaciones de almacenamiento pertenecientes a la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET).
La magnitud era considerable. Matthew Klann, presidente de Vanguard Energy, dijo al Miami Herald que pretendían transportar más de 250.000 barriles de gasolina y diésel cada mes o aproximadamente cada 40 días.
La fórmula intentaba evitar que el combustible terminara en manos del Estado cubano. Vanguard conservaría la propiedad del producto incluso después de almacenarlo en la Isla, tendría derecho a inspeccionarlo y aprobaría previamente a sus compradores. Los pagos tampoco pasarían por el sistema bancario cubano.
Hasta ese momento, compañías estadounidenses ya podían abastecer al sector privado mediante pequeños contenedores ISO, pero el transporte en buques permitiría multiplicar considerablemente el volumen y abaratar los costos.
El Departamento de Estado puso el primer gran obstáculo
El entusiasmo duró poco. Tras conocerse públicamente el proyecto, el Departamento de Estado aclaró que Vanguard Energy no había recibido una licencia estadounidense específica para aquella transacción. Periódico Cubano reportó la advertencia el 10 de junio, apenas horas después de divulgarse el acuerdo.
El problema no era necesariamente vender combustible estadounidense a empresarios privados cubanos. La propia administración Trump había flexibilizado determinadas exportaciones dirigidas al sector no estatal. El punto conflictivo estaba en otra parte: para ejecutar el proyecto, Vanguard necesitaba utilizar infraestructura perteneciente a una empresa estatal cubana.
La situación se complicó todavía más al día siguiente. El 11 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra CUPET bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo.
La petrolera estatal entró en la lista de personas y entidades bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dificultando cualquier operación de una empresa estadounidense que involucrara sus bienes o instalaciones sin autorización expresa del Departamento del Tesoro.
Periódico Cubano informó sobre la sanción, que Rubio justificó acusando al gobierno cubano de utilizar la energía como instrumento de control político y beneficio de sus élites.
Miami-Dade dio otro golpe al proyecto de Vanguard
Mientras Washington endurecía las restricciones, apareció un tercer frente. El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local de Vanguard Energy, necesario para operar como negocio en el condado.
Fernández argumentó que las empresas radicadas en Miami-Dade tenían que respetar las sanciones federales, las leyes estatales y los requisitos locales, y afirmó que el condado no serviría como base para actividades que beneficiaran al gobierno cubano. La medida fue reportada entonces por Periódico Cubano.
Sin embargo, sería inexacto atribuir exclusivamente a Fernández el fracaso del proyecto. Su decisión afectaba la capacidad de Vanguard para operar localmente, pero el obstáculo decisivo era federal: cualquier transacción relacionada con CUPET había quedado sometida a las sanciones estadounidenses.
Incluso después de la designación de CUPET, expertos explicaron que una operación no era jurídicamente imposible en todos los escenarios, pues el gobierno estadounidense podía emitir autorizaciones específicas. Pero políticamente, la posibilidad de que Vanguard recibiera luz verde se había reducido de manera considerable.
Así, el proyecto no parece haber muerto por una única orden. Primero apareció la advertencia del Departamento de Estado; después, la sanción federal contra CUPET; y casi simultáneamente llegó la actuación de Miami-Dade.
El resultado fue el mismo: los buques con 250.000 barriles de combustible nunca llegaron bajo el esquema anunciado, y una iniciativa que podía transformar el abastecimiento energético del sector privado cubano terminó atrapada en el choque político entre Washington, Miami y La Habana.
