Según el gobierno cubano, todos los heridos tras el enfrentamiento armado entre las tropas guardafronteras y una embarcación registrada en Florida cerca de las costas de Villa Clara reciben atención médica mientras se encuentran bajo custodia en la Isla.
El coronel Juan Antonio Ramírez Aguilera, jefe de los servicios médicos del Ministerio del Interior (MININT), explicó en declaraciones al programa oficialista Razones de Cuba que los heridos están siendo atendidos con los mismos protocolos médicos, al igual que un agente lesinado en el tiroteo.
Los sobrevivientes y detenidos por este hecho son Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila.
El régimen confirmó las muertes de Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Uno de ellos ha sido identificado como ciudadano estadounidense, al igual que un sobreviviente.
El incidente se produjo cuando una lancha rápida con matrícula FL7726SH, robada en los cayos de Florida e identificada como propiedad de Ángel Montera, fue interceptada por las Tropas Guardafronteras cubanas tras ingresar sin autorización en aguas territoriales de la Isla.
Según la versión oficial, los ocupantes de la embarcación abrieron fuego contra los agentes cubanos, lo que desencadenó un tiroteo con resultado de dicho saldo. Las autoridades cubanas han incautado grandes cantidades de armamento, incluidos fusiles de asalto AKM, pistolas, municiones, un dron con cámaras, cuchillos de comando y una planta eléctrica portátil.
El exceso de armamento mostrado en la televisión cubana, junto con los 10 ocupantes de la lancha, hace que esta versión resulte difícil de creer, ya que la lancha utilizada por los exiliados era de tamaño pequeño y no tenía capacidad para transportar tal cantidad de equipo.
A nivel judicial, el fiscal cubano Edward Roberts Campbell ha advertido que los sobrevivientes del tiroteo podrían enfrentar graves acusaciones, entre ellas actos de terrorismo, violencia contra una nave en aguas nacionales e introducción ilegal de armas y municiones.
Además, el régimen podría acusarlos de portación ilegal de armas, instigación a delinquir y financiamiento del terrorismo, en caso de identificarse patrocinadores externos. Las penas por estos delitos podrían oscilar entre 10 y 30 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, según el Código Penal cubano.
Autoridades del condado de Monroe han señalado a Cruz Correa como el sospechoso del robo de dicha lancha. Recientemente, el gobierno cubano informó que una segunda embarcación estuvo involucrada en el incidente, pero se averió en el camino.
La esposa de Cruz Correa rompió en un desgarrador llanto al recibir la confirmación de la muerte de su esposo durante el enfrentamiento armado.
Yaris Leidis se encontraba fuera de su casa cuando escuchó la noticia. Al instante, comenzó a llorar y se dio la vuelta para entrar en su hogar, pronunciando solo un “No” mientras otra mujer la abrazaba.
En una entrevista exclusiva con Univisión, la mujer, desde su residencia en Homestead, explicó que no había tenido contacto con Héctor desde el viernes anterior al incidente.
Entre lágrimas, aclaró que su esposo no estaba vinculado a ninguna organización política ni a grupos del exilio cubano. “No pertenece a nada. Es una de las personas más nobles, más sanas. No habla, no se mete con nadie. Lo único que hace es trabajar”, expresó con profundo dolor.
